Gustavo Martínez se refirió a la situación del transporte público de pasajeros urbano y resaltó la necesidad que imperaba de promover la nueva licitación del servicio: «Al vecino no le importa que empresa preste el servicio, sino que se cumpla, que cuando salga de la casa pueda tomar el colectivo sin problemas«, afirmó.
En referencia al llamado a licitación pública para el futuro servicio, el intendente de Resistencia señaló: «Hay dos cuestiones, una el proceso judicial que se encuentra en un juzgado civil, donde había una cautelar, pero el lunes pasado se levantó la feria y a través de la Fiscalía Municipal hicimos las presentaciones correspondientes para evacuar la cuestión de fondo que era el amparo».
«Ni bien se pueda expresar el juez pretendemos dar, o no, continuidad al proceso que está prorrogado hasta el 10 de agosto«, apuntó.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL CONCEJO
Dejó en claro que: «Nuestra intención es continuar con el proceso, respetando los mecanismos judiciales, pero también establecer los pasos que nos corresponden como Ciudad porque estamos convencidos que se hizo un trabajo con mucha participación ciudadana en lo que es el nuevo sistema de transporte público«.
Recordó las 5 audiencias barriales, una de ellas obligatoria por ordenanza, donde se analizó la propuesta para el futuro servicio de transporte público en la capital chaqueña.
«La licitación fue aprobada por mayoría especial con 9 votos y, por primera vez en la historia, el Ejecutivo comunal no sólo elevó la propuesta del recorrido sino también pidió al Concejo Municipal que evalúe y apruebe los pliegos licitatorios y el modelo de contrato. Nunca antes en la historia de la ciudad se había efectuado algo similar», observó.
«Esto quiere decir que, si el colectivo tiene que tener 2, 5 o 8 años de antigüedad o la ubicación de las garitas, por citar algunos, todo será aprobado por el Concejo, será más transparente«, subrayó.
Por ello, remarcó: «Vamos a insistir con este proceso, agotando todas las instancias judiciales, no estamos de acuerdo como se organizó en los últimos años, con prórroga tras prórroga sin modelos de sanción por situaciones que afectan el usuario».
