La nueva causa que sacude a la administración pública provincial sigue sumando capítulos. Mientras que Graciela Griffith Barreto sería quien pase a encabezar la investigación, también confirmaron que la banda delictiva utilizó un viejo decreto para concretar sus acciones.
Mientras que en la justicia federal avanza la investigación de los hechos luego de la denuncia de Víctor Adrián Veleff, el titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en el fuero provincial hay otras dos denuncias que recayeron en manos del fiscal N° 6 Roberto Villalba.
Pero si bien Villalba comenzó con las primeras actuaciones, todo indica que el expediente pasará al equipo fiscal especial que encabeza Graciela Griffit Barreto, que fue quien llevó adelante las investigaciones de las megacausas de corrupción por las que terminaron condenados este año los ex funcionarios Horacio Rey y Roberto Luego.
Las investigaciones de esos casos comenzaron en el 2018 con un equipo fiscal especial que fue encabezado por la nombrada Griffith Barreto y era integrado también por la retirada Nélida Villalba y por el ex fiscal Lucio Otero, que renunció a su cargo. Por eso, el equipo debió renovarse y se integró a Francisco de Obaldía Eyseric.
Esta determinación fue confirmada por el procurador general adjunto Miguel Fonteina, quien explicó que “de acuerdo a las normativas que nosotros tenemos en el Ministerio Público Fiscal, el procurador general va a establecer que esta causa también se incorpore dentro de las causas que siguen las fiscalías que trabajaron en las otras cuestiones donde hubo funcionarios involucrados”.
De igual manera, Villalba podría seguir trabajando en la causa, pero bajo la coordinación de Griffith Barreto. “Nosotros tenemos la facultad como Ministerio Público Fiscal como ejemplo en esta causa en particular de que siga trabajando el doctor Villalba pero con la dirección, con el acompañamiento de la doctora Griffith y el fiscal de Obaldía Eyseric”, añadió Fonteina en diálogo con La Radio.
El número 2 del Ministerio Público Fiscal de la provincia también consideró que “va a ser una investigación que debe ahondarse en todos los registros, se necesita de los peritos contadores, verificar no solamente las testimoniales sino todas las documentaciones que acrediten de años la preexistencia primero de los vehículos y a partir de ahí hacer este seguimiento sobre cómo se lo sacó del erario público y se produjo tamaño perjuicio a la provincia”.
Fonteina confirmó además un dato que comienza a echar luz al menos en el modus operandi de la banda al señalar que para avanzar en la transferencia ilegal de vehículos que pertenecían al Estado “se ocupó un decreto firmado hace muchos años”. Ese instrumento legal habría habilitado la venta de muebles en desuso y a partir de allí se armó la red delictiva.
“Se está investigando quienes eran los responsables de esas áreas”, expresó Fonteina a la vez que señaló también que “de acuerdo a lo que se está denunciando, es una denuncia donde la tarea del fiscal va a ser desentrañar la actividad delictiva que se llevó durante años en ese sector. Es por eso que también el doctor Veleff hizo una denuncia en el fuero federal por la falsificación de instrumento público”.
Cabe marcar que la causa se destapó el pasado viernes cuando tomó estado público la denuncia de la Secretaría General de la Gobernación. Luego, se sumó la denuncia de Veleff sobre el hecho. Se estima que la banda comenzó a operar en 2015 y lo hizo hasta el año pasado.
El fiscal Villalba confirmó durante el lunes que serían hasta el momento unos 254 vehículos del Estado que se vendieron de manera ilegal, con falsificaciones de documentos incluidas.
Según contó el fiscal Villalba a Radio Nordeste “una persona se había comunicado con la Dirección de Gestión de Bienes para pedir que le transfieran una motocicleta que tenía en su poder. Una vez con los papeles y los datos constatados, determinaron que el rodado seguía perteneciendo a la Jefatura de Policía”, lo que llamó la atención porque en realidad tendría que haber estado en el depósito del Estado en Barranqueras.
Además, el representante del Ministerio Público añadió que en la misma jornada se constató que una camioneta participó en un accidente y también tendría que haber estado guardada en el depósito.
Villalba continuó con su relato y expresó que luego de realizarse una auditoría pudieron determinar que habían “desaparecido de alguna manera por alguna venta irregular, no respetando las normas vigentes en cuanto a la ley administrativa financiera”.
Según los pasos legales, los vehículos patrimonio del Estado pueden ser vendidos en remates públicos o bien compactados y transformados en chatarra o si hay una autorización para que sea donado a instituciones.
