La relación fina entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) arrancó en 1956, cuando el régimen de Pedro Eugenio Aramburu decidió incorporar el país al organismo a través de un pedido de asistencia financiera. Tras desnacionalizan los depósitos bancarios y anular la reforma constitucional de 1949, la autodenominada «Revolución Libertadora» deja u$s 1.100 millones de deuda externa, que tras el paso de Arturo Frondizi se convirtieron en u$s 1.800 millones en 1962 y luego en u$s 2.100 millones al finalizar el Gobierno de facto de José María Guido.
Durante la última dictadura cívico militar el FMI aportó varios desembolsos. Bajó esa gestión económica, la deuda se multiplicó por seis en seis años, al pasar de u$s 7.000 millones en 1976 a u$s 42.000 millones en 1982.
En el último año de gestión de Raúl Alfonsín, el 26 de febrero de 1988, Argentina lograba un acuerdo financiero del tipo de Compensatory Financing Facility, que se tradujo e un Convenio de Financiamiento Compensatorio por Caída de Exportaciones. Pero el primer mandato luego de la recuperación de la democracia había registrado hasta entonces un acuerdo stand by negociado por el ministro Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea como titular del BCRA, con la contraparte del FMI liderada inicialmente por Jacques de Larosiere y continuada por Michel Camdessus, concretado el 23 de febrero de 1987.
Con el Plan Brady de 1989 y la convertibilidad de los noventa, el FMI estrechó los vínculos con los gobiernos locales, que durante algunos períodos cortos habían discontinuado pagos de intereses. El francés Camdessus, séptimo director del organismo entre 1987 y el 2000, quien estuvo aquí en varias oportunidades, era la imagen del FMI para los argentinos, y desde Washington era el responsable de habilitarle recurrentes programas financieros para el Gobierno de Carlos Menem y su ministro Cavallo, de pésima relación con la institución. A fines de 1995 se estima que la deuda del Estado ascendía au$s 87.091 millones y para cuando Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, ya era de u$s 90.472 millones.
La crisis en el sudeste asiático, el colapso de la deuda rusa y la extensión de la crisis a Brasil, llevan al recambio de Gobierno, la llegada de Fernando De la Rúa al poder a fines de 1999 y la salida del modelo de convertibilidad, en un marco de gran deuda pública y elevado déficit. Durante a Alianza prácticamente todas las decisiones económicas eran consultadas al Fondo, que nuevamente habilitó millonarios créditos para paliar el desajuste: el blindaje y el megacanje.
El 10 de marzo de 2000, se concretó un acuerdo stand by con José Luis Machinea como ministro de Economía y Pedro Pou al frente del BCRA. En este tramo de la historia bilateral entre la Argentina y el FMI, en el mismo acuerdo, entre el 21 de diciembre de 2000 y el 7 de septiembre de 2001, también intervinieron Cavallo al frente del Ministerio de Economía y con Roque Maccarone en función de titular del BCRA, siempre con Horst Köhler como intelocutor al frente del Fondo.
El blindaje implicó desembolsos por u$s 40.000 millones, mientras que el megacanje fueron de hasta u$s 8.000 millones, a cambio de la Ley de Déficit Cero y otros condicionamientos domésticos. La historia terminó con el corralito, el default de u$s 144.000 millones y la peor crisis institucional de la Argentina, aunque en marzo de 2002 se registró uno nuevo apoyo a la reestructuración de la deuda.
El último entendimiento con el FMI se registró el 17 de enero de 2003, reflejado en un acuerdo financiero stand by durante la presidencia de Eduardo Duhalde, mientras era ministro de EconomíaRoberto Lavagna y la negociación estuvo a cargo del entonces presidente del BCRA, Alfonso Prat Gaycon Köhler.
Ámbito Financiero recordó que antes de la visita al país de la actual jefa del FMI, Christine Lagarde, la última vez que un titular del Fondo había llegado al país fue el 31 de agosto de 2004 y lo tuvo que hacer de mañana, custodiado por policías debido al clima político pesado. Se trataba del español Rodrigo Rato, quien por apenas 10 horas, trató de negociar un acuerdo con el Gobierno de Néstor Kirchner en medio de las tratativas para la salida del default del 2001. El director del Fondo trató infructuosamente de que Kirchner y su ministro Lavagna, hicieran un ajuste fiscal importante, a cambio del apoyo para el proceso de negociación con los bonistas.
Como cuenta la historia, las negociaciones fracasaron, y el organismo levantó su oficina permanente en Argentina. Luego Kirchner le pagó u$s 9.500 millones al contado y desde ese momento el país no tuvo más ningún préstamo, aparte de que tampoco le permitieron más a los técnicos revisar las cuentas del país como lo indica en Artículo IV. En aquel episodio Pray Gay perdió el puesto de titular del Central, quien fuera reemplazado por Martín Redrado. Las «relaciones carnales» habían llegado a su fin. Más tarde, durante la gestión de Cristina de Kirchner llegaría a la Argentina la censura del FMI debido a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elaboraba el INDEC no era confiable y múltiples críticas a los canjes de deuda.
Unos 14 años después, en marzo de 2018, un director Gerente del FMI volvió a visitar la Casa Rosada para entrevistarse con el presidente Mauricio Macri. En ese momento, ninguna de las dos partes expresaron la urgencia de cerrar un acuerdo por un nuevo crédito. En aquella reunión, se creyó que podría ser contraproducente para Argentina acordar otro préstamo como señal de debilidad financiera. Es que la historia entre la Argentina y el FMI refleja que cada vez que se buscaba firmar algún papel con el organismo era para dar señal de confianza a los mercados. Tras dos años y medio de gestión de cambiemos, las consultoras privadas estiman que el total de la deuda bruta trepó a los u$s 342.000 millones.
Fuente: www.ambito.com
