Una investigación contra la actual legisladora nacional Aída Ayala, llegó a su punto cúlmine, ya que el fiscal federal de Resistencia, solicitó a la jueza Zunilda Niremperger, que la diputada macrista, vaya a juicio, al igual que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo.
La causa se inició en 2018 por un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad.
Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y expareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
El fiscal de la capital chaqueña, Patricio Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a PIMP S.A”.
“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.
Por esta causa la exfuncionaria de Macri tuvo una orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que habían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”.
La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la cámara baja.
Con este dictamen de la Fiscalía para que la causa de lavado pase a juicio oral, ahora deberán opinar las defensas de Ayala y el resto de los acusados que podrán negarse a la elevación y pedir la nulidad de la acusación. Luego, la jueza deberá resolver si pasa el expediente a juicio oral.
