Preocupación por el aumento de fiestas clandestinas

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Desde que la provincia empezó a evidenciar un ‘amesetamiento alto‘ en el número de contagios diarios de coronavirus, con cifras que en la actualidad en términos cuantitativos se mantienen estables pero que reflejan porcentajes de positividad que obliga a no relajarse en el cuidado, siempre se mencionó que la nocturnidad y las reuniones sociales eran el común denominador para que el número de infectados se incremente fácilmente.

Cuando la preocupación fue el aumento, el Gobierno estableció retrocesos temporales en horarios y forma de funcionamiento, luego vino la judicialización y el rechazo de bares y restoranes con el argumento de que funcionaban con todos los protocolos de bioseguridad pero al mismo tiempo crecieron al calor de una legislación lábil en cuanto a sanciones pecuniarias y de restricción a la libertad las fiestas clandestinas o encuentros con cientos de participantes que implican un verdadero riesgo sanitario.

Cada fin de semana la Policía realiza una serie de operativos para dispersar y poner fin a este tipo de actividades, se labran actas de infracción y allí empieza a intervenir la Justicia que ante un cúmulo de trabajo de magnitud, la ralentización del día que toma la pandemia y que las acusaciones se trata de delitos excarcelables porque fija penas menores a tres años.

En los últimos días, se viralizó por grupos de mensajería videos tomados de una fiesta clandestina que se realizaba en una quinta de Colonia Benítez, en la que las fuerzas de seguridad señalaron que intervinieron ya en tres ocasiones sin que esto impidiera que llegado el viernes y sábado la actividad ilegal continúe.

En el parte provincial de ayer, Chaco llegó a los 258 nuevos contagios y nueve decesos, un número que de mantenerse pondrá en riesgo la posibilidad de celebrar las fiestas de fin de año en pequeños grupos familiares.

500 personas en el Güiraldes y 400 en San Martín

Entre las intervenciones que efectuó la Policía en las primeras horas de ayer luego de recibir denuncias por la concentración de personas en reuniones sociales, la de mayor magnitud se dio poco antes de las tres, cuando efectivos de la comisaría Quinta se acercaron hasta la manzana 5 de la Quinta 4 del barrio Güiraldes donde había unas 500 personas.

Al llegar los efectivos, los concurrentes comenzaron a retirarse sin inconvenientes y luego se identificó al inquilino del inmueble y se le notificó de la infracción por violar las medidas sanitarias En San Martín desconcentraron a 400 ciudadanos, que se encontraban reunidos en el barrio Club Recreativo y Cultural Toba.

Jóvenes sin el distanciamiento social ni medida de protección alguna, desafiando la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

El encargado del evento fue notificado de su situación legal. Otras actuaciones policiales se dieron a las 4.30 en el barrio 110 Viviendas de Barranqueras, donde se estaba desarrollando una fiesta clandestina.

En el lugar, el personal policial observó aproximadamente 40 personas fuera del domicilio, por lo que se solicitó a los presentes que se retiren. Seguidamente se entrevistaron con el propietario del lugar, a quien se notificó de la apertura de una causa penal.

En Resistencia, en Villa Prosperidad, efectivos de la comisaría Octava desalojaron una vivienda de Alice Le Saige al 1100 aproximadamente. Allí, unas 70 personas se encontraban reunidas con música a alto volumen y causando molestias a los vecinos. Una mujer de 31 años, dueña de casa fue informada de la infracción cometida a las normativas vigentes

En Pampa Del Indio, dos policías terminaron lesionados luego de ser agredidos por varios sujetos que se encontraban en una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en una finca del barrio Nuevo de esa localidad.

El dueño de casa y otros cinco sujetos fueron detenidos, siendo notificados en la causa ‘que tiene como carátula Supuesta Infracción Al Articulo N° 205 del Código Penal ‘; paralelamente se iniciaron actuaciones judiciales por el delito tipificado como ‘Supuesto Atentado y Resistencia contra la Autoridad‘.

 

Dos proyectos de ley sin voluntad para sancionarlos

Ante un régimen sancionatorio desde el punto de vista penal más simbólico que real se presentaron alternativas desde lo civil para que el castigo por violar medidas cuyo cumplimiento es de interés colectivo se materialice en dinero, pero hasta ahora y con el año legislativo prácticamente concluido, todo indica que los legisladores aguardarán que los contagios bajen porque llega la vacuna y no por tocar la ‘fibra sensible‘ a los desaprensivos.

Juan Manuel Pedrini y Roberto Acosta fueron los primeros firmantes de una iniciativa en la que se establecían multas considerables para quienes organicen, participen o bien solamente alquilen el inmueble para que se desarrollen las fiestas clandestinas.

El 21 de septiembre se efectuó el ingreso formal de la propuesta por la cual se busca fijar una multa de $50.000 para todas las personas que ‘convoquen, generen, inviten y consecuentemente concurran a eventos sociales, culturales y recreativos en espacios públicos o privados‘ a la que asista un número mayor a 10 personas y que llegaba a 200 mil pesos para los propietarios. Lo recaudado se destinaría a los gastos que demanda la atención de la pandemia.

El 3 de noviembre llegó al Parlamento el proyecto del Ejecutivo con multas más duras que el oficialismo intentó tratarlo sobre tablas, no consiguió el apoyo opositor por lo que debió girarse a la Comisión de Legislación General.

Allí, el Gobierno propone estratos para las sanciones del equivalente a 10 salarios mínimos para los que asistan a fiestas clandestinas ($ 205.000 desde el martes cuando rija la nueva escala), de 25 salarios mínimos ($ 514.000) para los que contaren con habilitación para funcionar pero lo realizaran fuera de los horarios permitidos o sin los protocolos de seguridad y de 50 sueldos mínimos ($ 1.029.350) para los propietarios de los inmuebles en los que se desarrolle una fiesta clandestina.

Si bien algunos legisladores creen que se encontrará un entendimiento en el corto plazo, lo cierto es que el calendario apremia y no hay indicios de que el proyecto pueda tratarse antes que termine 2020.

Fuente norte