El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, Alejandro Catania, dispuso el procesamiento de los principales directivos de una serie de sociedades comerciales, casas de cambio y cooperativas de servicios financieros íntimamente vinculados entre sí, en el marco de una mega-causa iniciada en 2015 donde se investiga la existencia de un circuito financiero ilegal en plena city porteña. Asimismo, el magistrado estableció embargos que en algunos casos superan los 16 mil millones de pesos, monto que permite dimensionar las maniobras bajo análisis. La instrucción se encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6, subrogada en la actualidad por el fiscal Germán Bincaz.
LAS MANIOBRAS
De acuerdo a la investigación, el centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker S.A. e INC. S.A., conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina S.A.. La investigación tuvo su origen en septiembre de 2014, cuando en el marco de un allanamiento dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3 en las oficinas de Transcambio S.A. se detectaron recibos que documentaban el transporte de valores realizado por una conocida empresa transportadora de caudales por cuenta y orden de INC S.A. el mismo día del procedimiento y por un monto total de 30 millones de pesos. A su vez, también se secuestró un recibo firmado por una persona en representación de «Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda» que daba cuenta de la recepción de 30 millones de pesos «en concepto y orden de INC» el mismo día, pero provenientes de Anker S.A, ubicada en el mismo edificio que Transcambio. Es decir, en un mismo día habían sido recibidas en un lugar no declarado como casa de cambio, ni sociedad de bolsa, millonarias sumas de dinero en efectivo que tenía como origen la firma INC. S.A. y como destino, una cooperativa de crédito, consumo y vivienda.
El resultado del procedimiento dio lugar a una investigación preliminar desarrollada por el Área Operativa de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que derivó, en junio de 2015, en la formalización de una denuncia penal, impulsada posteriormente por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6, que el 6 de diciembre de 2018 requirió la indagatoria de una parte de los acusados.
La investigación permitió acreditar un modus operandi que tenía como denominador común el traslado por parte de Juncadella S.A. de la recaudación de la cadena de supermercados hasta las oficinas de Anker S.A. ubicadas en pleno microcentro porteño. Ese dinero, que llegaba ya procesado -es decir, contabilizado y empaquetado- por la transportadora de caudales permanecía escaso tiempo en Anker S.A., en tanto era retirado y utilizado por la cooperativa Indocredit para la actividad de descuento de cheques, a pesar de no contar con autorización alguna para la misma. Una vez que la justicia puso en la mira a Anker S.A., comenzaron a participar de la operatoria otras sociedades comerciales, tales como AD. LAW S.A. y ORPIL S.A.
“Puede afirmarse que Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, entre los meses de julio de 2012 a noviembre de 2014 efectuaba operaciones de canje de cheques, por un valor inferior al monto del título. Que, para solventar dicha operatoria captaba de INC S.A. –con la participación de ANKER S.A., y/o AD LAW S.A., y/o ORPIL S.A. dinero en efectivo, en contraprestación de lo cual se pactaba una tasa de interés y/o contraprestación económica. Que luego de ello, y hasta cuanto menos el 30 de diciembre de 2014, reintegraba la cantidad de efectivo recibida originalmente más el interés (o contraprestación económica) pactado», concluyó el juez Catania.
Respecto a la participación de INC. S.A. en el mecanismo descripto, el magistrado señaló que los elevados montos involucrados en la operatoria (más de siete mil millones de pesos), el título oneroso de las entregas y la regularidad y constancia de las mismas «denotan la activa y deliberada» participación del proveedor del dinero en la maniobra. «En efecto, no resulta verosímil que ignorasen que la real actividad de INDOCREDIT COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. era, como ya se dijera, la realización de actividades financieras (operaciones de canje o descuento de valores), ni que carecía de autorización para ello», ponderó.
EMBARGOS MILLONARIOS
El juzgado interviniente dispuso el procesamiento de 29 personas, tanto físicas como jurídicas. En el segundo caso se encuentran INC S.A., Orpil S.A., Ad Law S.A., cooperativas de crédito y asociaciones mutuales. La resolución incluye embargos de entre 156 millones y 16 mil millones de pesos. Por otra parte, fueron sobreseídas seis personas. «A fin de asegurar la eventual ejecución futura de las penas pecuniarias establecidas para el delito que aquí se investiga, deberá, como mínimo, trabarse embargo sobre un monto representativo del doble del valor de las operaciones realizadas», indicó el magistrado en su resolución.
Fuente: Fiscales.gov
