La norma establece que la existencia y veracidad del domicilio fiscal denunciado se acreditará con al menos uno de los instrumentos que se detallan seguidamente, según corresponda:
– Documento nacional de identidad argentino.
– Certificado de domicilio expedido por autoridad competente.
– Acta de constatación notarial.
– Comprobante de un servicio a nombre del contribuyente o responsable.
– Título de propiedad o contrato de alquiler o de «leasing», del inmueble cuyo domicilio se denuncia.
– Extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando el solicitante sea el titular de tales servicios.
– Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma.
– Certificado de Vivienda Familiar.
– Estatuto o contrato social y, en su caso, el acta de directorio o del instrumento emanado del órgano máximo de la sociedad, o instrumento constitutivo inscripto y actualizado, en los casos que el domicilio fiscal declarado coincida con el domicilio legal obrante en el citado documento.
(I Profesional)
