La juez federal Zunilda Niremperger convocó para el lunes a funcionarios nacionales y provinciales a una audiencia para conciliar pasos a seguir en el caso de la usurpación de 35 hectáreas propiedad del Estado nacional entre las avenidas Arribálzaga, Castelli y España, y las vías del Ferrocarril Belgrano el 22 de septiembre pasado.
La causa se inició tras la denuncia de la Nación demandando el desalojo de los usurpadores de un predio que debía ser custodiado por la Provincia. Por el momento, el desalojo está “suspendido”, aunque nunca había sido ordenado.
“Coqui no te laves las manos” y “Que venga Coqui” eran algunas de las expresiones, la semana previa a las elecciones provinciales del último fin de semana, presuntamente en alusión al intendente de Resistencia y ahora gobernador electo: Jorge Capitanich.
Los ocupantes interrumpieron el tránsito durante tres días y, casualmente depusieron la protesta horas antes de que el juez subrogante Enrique Bosch, informar la suspensión del desalojo.
Tras las elecciones, se observó la descarga de materiales y el reemplazo de los precarios refugios de lona por construcciones de mampostería y techos de chapa.
Ahora ya se observan no sólo edificaciones consolidadas sino también “locales” comerciales que comercializan bebidas, hielo, cigarrillos y carne, y maderas, escombros y otros insumos para la construcción.
El proceso es idéntico al de La Rubita, al otro lado de la avenida Castelli, usurpado en 2008, donde el Gobierno accedió a la ocupación de familias sin techo pero prohibió la apertura de comercios. No obstante, se habilitaron ahí corralones, gomerías, concesionarias, lavaderos, empresas de seguridad, supermercados, verdulerías, venta de informática, agencias de Lotería, y hasta templos evangélicos.
Fuente HDPNOTICIAS
