La jueza de Garantías N°1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, quedó al borde del jury de enjuiciamiento por parte del Consejo de la Magistratura, a raíz de su presunta «parcialidad en reiterados actos» en el tratamiento de algunos expedientes y de «graves y reiteradas irregularidades procedimentales».
La acusación la hace el propio Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a raíz una presentación de fiscales de Investigación, por «abusos de poder, excediendo sus funciones, invadiendo funciones propias de los fiscales, obstaculizando la labor investigativa, y configurando así un quiebre de las reglas del proceso acusatorio».
El malestar de los fiscales se originó por las reiteradas decisiones de la jueza Pereyra de revocar prisiones preventivas de imputados.
A su vez, el máximo tribunal encomendó al procurador general, Jorge Canteros, (involucrado en las últimas horas en otro escándalo por la filtración de un polémico audio) que formalice la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.
Se trata así de un nuevo episodio de la crisis por la que atraviesa la Justicia chaqueña, con evidentes internas y cortocircuitos entre jueces, magistrados y funcionarios de distintos ámbitos del Poder Judicial del Chaco.
A eso hay que sumarle el conflicto salarial, por el cual este viernes no habrá servicio de Justicia en toda la provincia, por un paro de los trabajadores.
«GRAVES IRREGULARIDADES PROCESALES»
Según la acusación, la jueza Pereyra “ha incurrido, en forma insistente, en graves irregularidades procesales, que motivaron la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia” en diversas causas tramitadas en su juzgado.
Esta conducta, “dada su arbitrariedad, revela un designio permanente de violar normas, configurando ello un patrón de conducta, indicios ciertos de mal desempeño que dañan de modo grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad y tiñen de sospecha de que sus decisiones pueden ser encuadradas en actos reiterados de parcialidad manifiesta”.
Asimismo, señala, “ha incurrido en abusos de poder, excediendo sus facultades en detrimento del principio de imparcialidad y objetividad, invadiendo las funciones propias de los Sres. Fiscales de Investigación, obstaculizando la labor investigativa, configurando de este modo un quiebre de las reglas del proceso acusatorio”.
Lo cual “revela un apartamiento de la misión confiada al Juez de Garantías, el que a diferencia del Juez de Instrucción ya no es parte, no dirige el proceso, ni colecta pruebas, siendo su función la de adoptar las medidas de control que corresponden en los procesos penales”.
«Todo lo cual se erige como un daño al servicio de justicia y se traduce en un menoscabo a la investidura”.
Fuente diario datachaco
