La pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para los integrantes de los pueblos originarios actúan como un caldo de cultivo que facilita el avance de las adicciones a las drogas y el alcohol, y es por eso que distintas organizaciones no gubernamentales han redoblado el esfuerzo que vienen realizando -algunas desde hace más de una década- en poblados de Salta, Formosa y también en la provincia del Chaco para ofrecer esperanza y alternativas de futuro a chicos de estas comunidades.
Un estudio realizado por el Instituto de Prevención de las Adicciones de la Universidad del Salvador (USAL) alertaba, ya a fines del año pasado, que el consumo de drogas ilícitas y alcohol entre niños y adolescentes de entre 12 y 17 años había aumentado en Argentina en el último año, poniendo la lupa sobre una problemática que, lamentablemente, se volvió una situación frecuente en las zonas urbanas.
Pero muchas veces por falta de información la presencia de este mismo problema en las zonas rurales, y más específicamente en las comunidades indígenas, quedó relegado a un segundo plano. El trabajo de distintas asociaciones civiles en zonas rurales del norte argentino con población vulnerable, sin embargo, demuestra que se está ante la presencia de un problema grave que requiere de una mayor atención.
Estas instituciones brindan acompañamiento y contención a las víctimas de este flagelo que se instaló también en las comunidades de pobladores originarios. En ese sentido, merece destacarse la tarea que realizan en el Centro Barrial Enrique Angelelli, en marcha desde 2017 en la localidad de Ingeniero Juárez, Formosa, con niños y adolescentes de la comunidad wichi, víctimas de la pasta base, el alcohol y el pegamento; también la labor de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) que llega a pueblos indígenas de la región del Gran Chaco; y de Cáritas, a través de su Área de Abordaje Pastoral y Comunitario de las Adicciones que tiene como objetivo ofrecer una respuesta pastoral al enorme desafío que presenta el consumo problemático de sustancias, sobre todo en las comunidades indígenas.
En ese sentido, vale recordar la denuncia realizada oportunamente por el cacique de una comunidad wichi ubicada en la localidad de Embarcación, Raúl Castillo, para alertar sobre el avance de las drogas en ese lugar y reclamar un mayor control a las autoridades. El drama, al parecer, se extiende en las zonas más vulnerables de todo el norte argentino, por lo que urge fortalecer las instituciones del Estado y promover políticas públicas y estrategias en áreas clave como la educación, la salud y la seguridad ciudadana a fin de mejorar la prevención del consumo de drogas ilícitas, y también de la violencia y los delitos que, como se sabe, trae aparejado este flagelo.
Los especialistas en prevención que trabajan en las distintas organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar que, en el caso de los pueblos indígenas, se puede observar que cada vez hay más chicos que son víctimas de las adicciones y en muchos casos se advierte también que se reduce la edad de iniciación en estas prácticas que dañan la salud de los niños y jóvenes que, como si fuera poco, ya vienen de padecer situaciones de extrema marginalidad. Ante este serio panorama, urge adoptar medidas integrales que contribuyan a poner freno al flagelo de las adicciones que causan estragos en las comunidades indígenas.
El Estado debe garantizar a las familias un entorno de bienestar que permita evitar un mayor daño al tejido social de estas comunidades y reducir al mínimo el impacto que les provoca esta verdadera emergencia social, que muchas veces permanece invisibilizada por ocurrir lejos de los grandes conglomerados urbanos.
Fuente diario norte
