La jueza María Servini elevó a juicio oral la causa Fútbol Para Todos

Los ex jefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros ex funcionarios y ex directivos futbolísticos, enfrentarán el juicio oral por la causa conocida como «Fútbol Para Todos«. Así lo decidió la jueza María Servini al dar por cerrada la parte principal del expediente y enviar el caso para que un tribunal –que será sorteado en las próximas horas- lleve adelante el debate y decida si dicta condenas o absoluciones.

La jueza seguirá investigando la pata financiera de la causa. No obstante, al enviar el caso a juicio y concluir una investigación que se inició en el 2014, Servini sostuvo que el programa FPT que debía «conjugar el éxito de una decisión política y social» se transformó en un subsidio a los clubes que terminaron incrementando sus pasivos.

El 20 de agosto de 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció junto a Diego Maradona y el jefe de la AFA en ese momento, Julio Grondona, la presentación del acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Hasta ese momento, los derechos eran de la firma TyC Sports.

«Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos. Yo no quiero más secuestros», dijo en aquel momento la ex jefa de Estado.

En la resolución de elevación a juicio oral, a la que accedió Infobae, Servini afirmó: «A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma».

«A ello –añadió Servini- debe sumarse que también se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en la causa, es de público conocimiento y fue reflejado por la opinión pública más de una vez, y reconocido por todos, que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP».

Y agregó: «Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada«.

Los que irán al banquillo

Además de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Capitanich, la jueza envió a juicio oral al el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos otorgados por el programa estatal.

La resolución incluyó también a Rafael Armando Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús; los ex dirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco. Hubo sobreseimientos para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.

«La mayoría de los aquí imputados cumplen o cumplieron a su vez cargos en los diferentes clubes del Fútbol Argentino: Portell y Spinosa en Banfield, Raposo en su momento en Lanús, Savino en San Lorenzo, Segura en Argentinos Juniors, Lemme en Defensa y Justicia, y Silva en Arsenal de Sarandí; además los ex funcionarios públicos Mariotto también en Banfield, y Aníbal Domingo Fernández en Quilmes, por lo que conocían el daño al patrimonio del Estado destinado a esos clubes que les generaba en consecuencia a las arcas de los mismos esta operatoria», afirmó la jueza.

Sobre Aníbal Fernández, la jueza descartó «los rebuscados argumentos» de su defensa y añadió que «por su carácter de funcionario público al momento de los hechos como autor del delito de defraudación a la administración pública, toda vez que por su conducta no solo se sustrajeron caudales que le habían sido confiados en razón de su cargo (en el segundo convenio), estando en su rol de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en cabeza del programa «Fútbol Para Todos», los cuatro millones de pesos ingresando éstos al patrimonio de la AFA; sino que también por su accionar, por el ardid o engaño antes descripto y requerido por la figura, por sus restantes intervenciones, negociación y firma del primer convenio, y rúbrica del último, no han ingresado en las arcas públicas el dinero que correspondía en virtud de los derechos otorgados por el estado a la empresa «Iveco Argentina SA».

La fundación El Futbolista

Otro de los elementos bajo sospecha fue el dinero que pasó por la fundación El Futbolista, que «compartió en sus inicios su sede en Agremiados, en la calle Salta 1144 de esta ciudad, y figura en la página web del sindicato de futbolistas argentinos». Esa fundación «recibió por parte de la AFA hasta esa fecha, proveniente del dinero destinado por el Estado Nacional la suma aproximada $86.646.875, una suma inferior a los cheques allí girados por motivo de cartulares vencidos y/o no cobrados o pendientes de débito, y de una deuda existente de la AFA para con la misma».

Según la jueza, «los ex dirigentes del fútbol argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los fondos por parte del Estado para con los clubes (del 1 al 5 de cada mes), sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a su antojo, recurriendo a un sistema que venía presentándose de vieja data: adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc; destinados a los clubes que vale recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su funcionamiento diario: parte por las malas administraciones, parte por este sistema de reparto y la absoluta falta de controles, aun recibiendo mayores ingresos; entonces vale preguntarse por qué motivo iban a hacer diferencia en la entrega de cartulares para con la fundación El Futbolista, entidad que recordemos, presentaba un superávit millonario anualmente».

«Es evidente el daño generado al patrimonio estatal, repartido bajo estas formalidades, y destinado en su totalidad a las entidades deportivas, las cuales recibieron efectivamente un porcentaje mucho menor al valor nominal que les correspondía. No encontré de la lectura de los convenios entre la JGM y la AFA, ni de sus posteriores adendas, que sea uno de los fines del estado que queden en las arcas de las cooperativas y/o entidades financieras, como de cualquier otra empresa, millonarias sumas del dinero público, en concepto de los descuentos de cheques de pago diferido entregados por AFA allí realizados, y quizás direccionados».