El mail se disparó después de las 4 y media de la tarde del viernes 11 de mayo desde una casilla con nombre de fantasía: incaacorrupto@gmx.es. Estaba dirigido a las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pero también a los ministros Pablo Avelluto y Enrique Avogadro, responsables de las carteras de Cultura de Nación y Ciudad, además de a varios periodistas de diferentes medios, ubicados en diferentes sectores de la «grieta». El asunto del mail no daba vueltas: MALVERSACIÓN DE FONDOS, decía.
Ya desde el vamos y en mayúsculas, el denunciante anónimo se despachaba con el detalle de una serie de compras de papelería cuyo monto total era de casi 7 millones de pesos, realizadas en apenas 4 meses y con estrategias especiales para evitar el obligado proceso de licitaciones: ninguna factura superaba los 500 mil pesos. Los empleados denunciados eran cinco, entre ellos dos gerentes. Las primeras consecuencias fueron las renuncias en los casos de los gerentes, la suspensión por 30 días y el desplazamiento a otra sección en otros dos empleados -mientras sigue adelante la investigación- y la interrupción del contrato de la quinta, una medida que dentro del INCAA y entre los opositores al Gobierno es leída como un despido. Todo esto sucedió en diez días, los que van entre la llegada del mail y la definición del organismo.
Eran quince expedientes que daban cuenta de lo que denunciaba el mail anónimo: «Gastos De Imprenta Gerencia Internacional Enero-abril 2018 $6.487.600», que, traducido en cosas concretas, da cuenta de que esa es la cifra por la que se pagaron folletos, catálogos, tarjetas, lapiceras, cuadernos, pendrives y toda una serie de elementos de imprentas destinados a marketing en los festivales de cine o eventos de marketing audiovisual de los que participaba Argentina. Miles y miles de trípticos y folletos para repartir en escenarios que difícilmente podrían absorber semejante arsenal de información impresa. «Eran para Bogotá, para Cannes, tarjetas, posters… inventame lo que quieras, pero no hay modo de que te den 7 millones… por más que necesites tener materiales de promoción», explicaron a Infobae fuentes del INCAA.
Aún no se sabe si esos materiales existieron en esa cantidad, porque lo que se sospecha es que todo estaba inflado: la cantidad de objetos y también los precios. Tampoco se sabe si los involucrados tienen relación con las empresas proveedoras, menos aún si alguno de ellos es propietario de alguna de las empresas.
La resolución 835 firmada firmada por el presidente del INCAA Ralph Haiek exactamente 11 días después de la llegada del anónimo frenó todos los pagos. La misma resolución ordenó la apertura de «actuaciones sumariales» a los agentes Bernardo Ernesto Bergeret Balverde (gerente del área Internacional del INCAA), Alejandro Righini (responsable de las compras desde esa gerencia, es decir, quien llevaba adelante las operaciones) y Pablo Ezequiel Maggioni (del departamento de Compras) «a efectos de determinar la eventual responsabilidad». A Bergeret se le pidió la renuncia, a Righini se lo suspendió y a Maggioni se lo desplazó a otras funciones. Por otra parte, rescindieron el contrato de la abogada Sandra Menichelli, asesora del INCAA en tema de compras.
La Oficina de Anticorrupción deberá determinar si estos empleados estaban relacionados con las compañías que aparecen como proveedoras de los materiales por los casi 7 millones de pesos.
El gerente administrativo Nicolás Yocca, que llegó al organismo el año pasado, también presentó su renuncia. Él y Bergeret fueron quienes pusieron la firma aprobando las operaciones. Yocca -quien antes trabajó en el Grupo Clarín y también con el Grupo Prisa- fue convocado al INCAA luego de la salida de Cacetta y dentro del plan de limpieza de corrupción del organismo. Righini y Menichelli llevaban en el INCAA unos diez años. Bergeret -responsable del área internacional, una persona reconocida en el medio y para muchos gran gestor y creador de diferentes instancias de exposición del cine nacional en el mundo- llevaba más tiempo en la institución.
Según allegados a Bergeret, un hombre que había tenido larga trayectoria en el mundo de la música antes de dedicarse al cine, en privado se defiende de las acusaciones y asegura no tener nada que ver con la trama de corrupción y ni siquiera firmaba él en persona esos papeles. «Fui un pelotudo; mi firma la tenían los otros, se las fui dando para que hicieran todo más rápido», se le escuchó decir.
La denuncia y el consiguiente escándalo en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales llega justo un año después de otro escándalo por defraudación que derivó en la salida del entonces presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, quien días atrás fue acusado por la Oficina Anticorrupción por una serie de contratos millonarios de más de 9 millones de pesos.
Luego de la salida de Cacetta y con la llegada de Haiek a la presidencia del organismo, se creó en julio de 2017 la UTI (Unidad de Transparencia Interna), cuya primera misión es la de «asistir a la Presidencia del INCAA en la implementación de políticas activas de integridad, transparencia, fomento de la participación ciudadana y de prevención, detección y control de hechos de corrupción y/o comportamientos contrarios a la ética pública».
En esta oportunidad, una vez que el correo llegó a la UTI comenzó la investigación -análisis de expedientes y chequeo de facturas- lo que derivó en la resolución de Haiek y en las medidas tomadas. La unidad de transparencia envió luego todo a la Oficina Anticorrupción (OA), que seguirá con el caso que comenzó con un correo anónimo, que tenía además absolutamente detallado el procedimiento de la estafa. Así explicaba paso a paso la operatoria.
Acciones
1. Separar pedidos para evitar licitación
2. Cantidades que no se realizan para evitar que otro oferente gane
3. Procesos que se piden que no se hacen para aumentar el costo
4. Pedidos que se facturan y se cobran pero no se entregan
5. Todas las facturas son enviadas por Gráfica Paysandú a Righini (Item 45, Foti, Visual comunicación, Print form)
6. Gráfica Paysandú envía los textos con los pedidos
7. Relación personal estrecha entre el proveedor y personal del INCAA
8. Cantidad de pedidos y unidades absurdas
9. Comisión fiscalizadora no controla las entregas
10. Todas los pagos fueron autorizados por Bergeret
11. Todas las disposiciones de pago fueron firmadas por Yocca
Lo que resta por saber es mucho: si hubo una organización delictiva dentro del INCAA, si fueron delitos aislados, cuántos de estos procedimientos se dieron antes de esta denuncia, por la que finalmente los pagos se frenaron. Es decir: resta por saber cuánta plata realmente se perdió por este tipo de operaciones en los años anteriores.
Por el modo en que se describió el proceso, el conocimiento de los actores involucrados y el detalle de los nombres a los que se dirigió la denuncia anónima, cuesta pensar que la «garganta profunda» no sea alguien del propio INCAA. Si es una persona que se quedó afuera del negocio o alguien que apunta a limpiar de corrupción del organismo, aún está por verse.
Fuente Diario21.
