Cabe recordar que el pasado viernes, la Jueza Federal Zunilda Niremperger avanzó con tres de los cuatro pedidos de detención que formuló la fiscalía. Rechazó detener al Ministro Fabiean Echezarreta, pero si avaló la detención de del ex titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; Ramón Chávez (sindicado como testaferro) y Cristina Dellamea, sobrina de Fernández y también supuesta testaferro.
Pese a que la orden de detención fue notificada a las autoridades de las fuerzas federales, aún no se concretó en las más de 48 horas que lleva de libradas las órdenes. Es por eso, que este lunes, la fiscalía federal presentará el pedido de captura nacional e internacional, según lo adelantaron a Diario21.tv. Por otra parte, apelarán la decisión de Niremperner de negar la detención de Echezarreta, lo que ya había sido anticipado por este medio.
EL 2° ALLANAMIENTO
Ayer domingo, se concretó un segundo allanamiento en las oficinas del Ministerio de Infraestructura y que culminó pasadas las 22:30. Esto se dio luego de que un dato anónimo alertara que en ese lugar se encontraba el Ministro Echezarreta junto a sus colaboradores más cercanos, lo que alertó a la justicia federal, habida cuenta el día y horario atípico para el trabajo en la administración pública central.
En el operativo, ordenado por la Dra. Zunilda Niremperger, participó la Gendarmería Nacional que efectivamente encontró al Ministro en su despacho, aunque no se pudo comprobar que, en ese momento, se esté destruyendo u ocultando documentación.
De igual manera, según informaron desde la fuerza federal a Diario21.tv, la Gendarmería procedió a secuestrar documentación (que extrañamente no se encontró en el primer allanamiento del viernes pasado) y teléfonos celulares, que serán puestos a disposición de la justicia para su peritaje y posterior evaluación.
LA ACUSACIÓN
El pasado viernes, Patricio Sabadini los acusó a todos por el delito de lavado de dinero y consideró que formaron parte de un esquema de corrupción que habría utilizado como mecanismo “la creación de empresas y sociedades –integradas por familiares y amigos- para proveer bienes y servicios al Estado provincial, concretándose presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”.
Fuente 21tv
