“Nos empuja a achicarnos, nos agobia y es distorsivo”, aseguró Waldo Cramazzi.
SAENZ PEÑA (Agencia). Empresarios de diferentes rubros de esta ciudad, expusieron mediante nota al Concejo Municipal un pedido para que el Ejecutivo Comunal retrotraiga el nuevo impuesto de tasa de inspección de seguridad e higiene “por considerarse que es un impuesto distorsivo, que no ayuda a las empresas a continuar sosteniéndose en momentos en que la economía del país está complicada”, dijo en visita a NORTE el empresario de la construcción Waldo Cramazzi.
A través de una nota firmada por más de un centenar de comerciantes y empresarios de la ciudad, consideran que es necesario que el Municipio revea la Ordenanza Nº 8229, que legisla la Ordenanza General Impositiva Ejercicio 2017, por medio de la cual el Ejecutivo Municipal modifica el sistema de cobro de impuesto a los comercios radicados en la ciudad (Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene), donde a partir de la modificación se determina dicho tributo, con la aplicación sobre las ventas mensuales.
“Vemos que a pesar de arrastrar una caída de la actividad económica en general, desde el año 2015, con el constante cierre de comercios que no pueden sostener el creciente costo operativo, con la menos venta mensual. Y los que nos mantenemos observamos cómo se incrementan los costos (como el de este tributo), debiendo soportar además el incremento de la actividad informal en la mayoría de los rubros tanto en comercios como en servicios, (generando en muchos casos una competencia desleal), sin que los organismos fiscales nacionales, provinciales ni municipales efectúen controles para disminuir los mismos, y apoyar de esa manera a los comercios inscriptos, que son en definitiva los que soportan la Presión Fiscal”, dice el comunicado.
Críticas al Ejecutivo y al Concejo
“Nos llama la atención que ningún concejal haya hecho una observación al tema, cuando dicen representar a la comunidad”, expresaron. En ese sentido afirman que contrariamente a ello, los Concejales y el Intendente de la ciudad, cargan sobre la actividad comercial y de servicios de un modo feroz, llegando el incremento del 2.000%, en algunas actividades, lo que resulta para los comerciantes confiscatorio, discriminatorio e inconstitucional, al generarse una doble imposición, por tratarse de un nuevo Impuesto a las Ventas, como el impuesto sobre los ingresos brutos que cobra la provincia.
Acciones contradictorias
Por otro lado los comerciantes sostienen que se iniciaron algunas conversaciones previas con los responsables de la Secretaría de Economía del Municipio, a la espera de una reunión de trabajo entre los profesionales que asesoran a la Cámara de Comercio y los del Municipio de Sáenz Peña, para analizar las distorsiones planteadas en dichas conversaciones, y el impacto del incremento del impuesto (TASA) en las distintas actividades.
“Sin embargo, para nuestra sorpresa los medios gráficos provinciales dicen que ya se firmó por parte del Ejecutivo Municipal un Convenio de colaboración y fiscalización mutua con la Administración Tributaria Provincial (ATP), esto a nuestro entender presupone una determinación firme de no volver atrás con lo actuado, todo lo contrario, incrementar la presión impositiva contra los comerciantes de la ciudad”.
En esa línea sostienen que se refleja una falta de sintonía con el Gobierno Nacional, y aseguran que los actuales funcionarios de Economía, hablan del alto costo impositivo y laboral y que tienen en carpeta bajar la mencionada presión, con la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos o la reducción de las contribuciones patronales sobre los sueldos registrados.
Piden que se formalice una comisión de análisis
Por todo ello solicitan que se deje sin efecto la modificación del impuesto de seguridad e higiene y que se cobre el tributo de la forma como se lo venía efectuando, eventualmente con un incremento racional, por ejemplo en base a los índices inflacionarios del último año.
Además piden que se conforme una comisión de análisis del mencionado tributo con equipos técnicos de la Cámara de Comercio, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCAUS, y los funcionarios de la Secretaría de Economía de la Municipalidad. A raíz de ellos pretenden analizar y observar el sistema que tenga un impacto más equilibrado en los costos fiscales de las empresas comerciales y de servicios, y el que sea más abarcativo de toda actividad económica que se realice en la ciudad.
