La defensa del puntero del PJ sostiene que sería un «escándalo jurídico» si se autoriza. Para que esto suceda, primero debe opinar la fiscal y luego resolverá el magistrado de garantías Guillermo Atencio.
Los abogados de Julio Rigau solicitaron esta mañana con carácter de urgencia la suspensión de la pericia del teléfono móvil incautado al miembro del PJ mientras retiraba dinero de los cajeros automáticos del Banco Provincia utilizando 48 tarjetas de débito. Este es el tercer planteamiento similar en menos de una semana dispuesto por la defensa del puntero. La defensa de Rigau argumenta que la confiscación del teléfono «no fue autorizada por el juez de garantías» , y que ahora el juez tiene la última palabra.
«Sería un escándalo jurídico llevar a cabo una pericia en un objeto cuya incautación no fue ratificada por el Sr. Juez, a lo que agregamos que el acta que ordenó dicha incautación ha sido declarada NULA por la Excma. Cámara. El absurdo resulta evidente y flagrante», señala el escrito firmado por los tres abogados del miembro del PJ.
La semana pasada, cuando se reabrió la investigación, la fiscal Betina Lacki solicitó que se proceda con la pericia del teléfono móvil de marca Samsung , modelo SM-G532M, de color gris, y ordenó que esta medida se realice el miércoles 11 de octubre. En concreto, pidió que se lleve a cabo «un análisis técnico completo y detallado del contenido del dispositivo, informando sobre la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato relevante para el caso.»
Desde ese momento, los abogados de Rigau presentaron al menos tres recursos para tratar de detener la pericia , lo que ha mantenido en vilo a la política bonaerense. «Es importante recordar al Sr. Juez Garante que aún hay dos planteamientos relacionados con el mismo objeto pendientes de resolución, por lo tanto, la apertura en estas circunstancias sería NULA», afirmaron los defensores en su última presentación.
Lacki retomó la investigación después de que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apelara el fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado el caso. La fiscal considera que el recurso suspende los efectos de esa controvertida resolución , por lo que la causa puede seguir su curso hasta que la Cámara de Casación se pronuncie al respecto.
Además de la pericia, la fiscal también ha ordenado que los propietarios de las 48 tarjetas de débito que tenía el miembro del PJ sigan prestando declaración. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de estas personas. Las declaraciones testimoniales se reanudarán el 18 de este mes y hay audiencias programadas hasta el 13 de noviembre.
Otras pruebas tienen como objetivo determinar el funcionamiento de la maniobra para inscribir presuntos empleados en la Cámara de Diputados bonaerense . Lacki ha solicitado copias de los contratos de las 48 personas involucradas. Sin embargo, la lista de pruebas no termina ahí, también ha enviado una lista de otras 25 personas que aparecieron en documentos incautados en la residencia del miembro del PJ.
