Autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales eran investigados por una supuesta «financiera trucha». El mecanismo descripto por la fiscalía federal y la resolución del juzgado. No es la primera vez que la justicia dicta penas que favorecen a los sindicalistas.
Un allanamiento que se produjo en julio de 2020 en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales provocó que se evidencie públicamente la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal por el presunto delito de lavado de activos por parte de las autoridades sindicales, entre ella Jacinto Sampayo, Facundo Sampayo y Darío Sardi.
A casi dos años del inicio de la causa, el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia dictó la falta de mérito para los imputados mencionados como así también para Rubén Armando Ramírez y Walter Gerardo Gómez.
La investigación inició en abril de 2020 cuando la fiscalía federal recibió un correo electrónico sin firma, y con documentación bancaria como adjunto, en el que una persona identificada como trabajadora del Municipio de Resistencia denunciaba que el STM se sustentaba por «distintas fuentes de financiamiento, una de ellas es la agencia financiera para préstamos organizada de tal manera que no figura en ningún sistema ni acredita identidad financiera y con tasas usureras que superan a cualquier limite existente y regulado por bancos y entidades serias».
Dichos préstamos eran presentados, según la denuncia, como una «prestación de servicios» o «servicios» que simulaban «ser una proveeduría de insumos, todo bajo el manejo de Jacinto Sampayo, perpetuado en la administración indiscriminada del dinero que descuentan a los trabajadores para sostener los negocios y negociados que ejecutan sistemáticamente y que tienen como supervisor, en un sistema de otorgamiento, a su hijo Facundo Sampayo, quien también busca socios o aportantes de este circuito ilegal de usura».
El escrito también apuntaba contra los manejos del Bingo Municipal por el cual se realizaban pagos mensuales «donde participan los más cercanos a Sampayo como ser el secretario adjunto Darío Sardi» a quien acusaban de oficiar de «cajero» del dinero que se sumaba al «circuito de manejo a voluntad e indiscriminado» y sin que esos fondos «figuren en libros ni registros algunos».
Fue por esto que, durante la investigación, Sabadini requirió información al Banco Central mediante la cual confirmó que el STM no estaba «registrado ni autorizado a tal fin ante dicha entidad».
Tiempo después de la investigación ya iniciada, el intendente Gustavo Martínez presentó una denuncia ante la Justicia Federal detallando las transferencias de fondos que realizó al Sindicado el Municipio de Resistencia.
«En el mes de abril -2020- el total girado por todos los conceptos desde el municipio al Sindicato asciende a $16.081.000. Dicha suma dista mucho de estar bien administrada y en la práctica, bajo la fachada de dinero legal o «blanco» derivado de la cuota sindical. Lo concreto es que el Sindicato se ha transformado en uno de los prestamistas más importantes de la ciudad, por no decir de la Provincia, con dinero que excede largamente los seis millones que le transfiere el Municipio por cuota sindical. Por ello, el rechazo de cheques es una prueba más del desmanejo administrativo en que se encuentra envuelto el Sindicato conducido por Sampayo», denunció Martínez.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Sabadini detalló las tres fuentes de ingreso del STM: Cuota Social (descuento a los afiliados 2.5%), Aporte Extraordinario y Servicios de Proveeduría y Prestamos al afiliado.
La «mutual» del STM, detalló el fiscal federal, era un nombre de fantasía puesto que funcionaba con el mismo CUIT del sindicato que entre sus prestaciones ofrecía «préstamos de dinero (ayuda económica) donde se verifica la disponibilidad del sueldo del afiliado y en base a ello se le otorga el mismo, bajo tasas usurarias que en algunos casos alcanzarían el 150% anual».
«Este dinero proveniente de los préstamos otorgados a los afiliados reingresa a la cuenta del Sindicato de Trabajadores Municipales de la siguiente manera: el Sindicato informa al Municipio del préstamo efectuado al afiliado mediante un listado y cuotas a descontar, el Municipio de Resistencia efectúa el descuento en el recibió de haberes del afiliado. Y el modo en que el Sindicato percibe esos rubros es a través de un Cheque que el Municipio abona al Sindicato de Trabajadores Municipales», reconstruyó el Ministerio Público Fiscal.
Sabadini también expresó que «como el Sindicato de Trabajadores Municipales no contaría con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria de tipo financiero, obtendría fondos de particulares quienes a su vez colocarían esos fondos a tasas usurarias que rondarían el 10% mensual y como garantía, se les otorga un cheque de pago diferido conteniendo el capital y los intereses a la fecha pactada. Toda esta operatoria, como no está declarada tampoco obraría en los balances».
RECONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SEGÚN EL MPF
El Ministerio Publico Fiscal señaló que la operatoria a investigar se daba mediante un mecanismo por el que una persona denominada inversor efectuaba el aporte en efectivo al Sindicato de Trabajadores Municipales y a cambio se le otorgaba un cheque diferido al portador por el importe (capital) más los intereses que se pactaban. Los que rondaban entre el7% al 12% mensual para el «Inversor».
«El efectivo que ingresaba, se volcaba para préstamos al afiliado bajo el ropaje de una ayuda económica. Ese préstamo se le descontaba al afiliado de su recibo de sueldo, es decir a través del municipio. Luego el municipio pagaba por medio de un cheque al Sindicato de Trabajadores Municipales que era depositado en su cuenta del banco del Chaco», agregó Sabadini.
DETALLES DE LO RESUELTO POR EL JUZGADO FEDERAN N° 2
El juez Enrique Bosch consideró que «no se han logrado arrimar, hasta el momento, aquellos que sean capaces de coadyuvar a la hipótesis delictiva sostenida en estas actuaciones por el Ministerio Publico Fiscal y que acentúen la responsabilidad de los encausados en la misma».
Para Bosch, en base a las medidas ordenadas durante la investigación, se «advertirían la ausencia de elementos de cargos que permitan una vinculación de los imputados con los hechos, en orden a la presunta autoría del delito de intermediación financiera no autorizada».
«Se puede corroborar que los descuentos realizados a los afiliados eran por Código de Descuento, directamente de sus haberes, no existiendo pago en efectivo en el Sindicato. Que, conforme el marco probacional que se viene detallando, el mismo no permite acreditar en autos la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada, por cuanto de las constancias del sumario surge que no existía entrega de dinero forma directa a los agremiados al Sindicato, sino un mecanismo de adquisición de bienes mediante vales o ticket de compra y/o a través de servicios de proveedurías que se brindaba a los afiliados», detalló en su fallo el magistrado.
Para el juzgad todos los elementos merituados «resultan insuficientes para determinar con fuerza vinculante la intermediación financiera realizada por fuera del alcance regulatorio y supervisor de la autoridad de control, en relación a los imputados, con el grado de probabilidad requerido por la ley procesal», es por eso que a todos los imputados les declaró falta de mérito.
