El Gobierno nacional acaba de adjudicar una millonaria licitación con la que gastará más de $3.274 millones para la compra de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, con destino a la cárcel de Marcos Paz, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.
Según se informa en la Decisión Administrativa 190/2023 publicada este miércoles 8 de marzo en el Boletín Oficial, el proceso quedó en manos de Compañía Integral de Alimentos, una de las sociedades que habitualmente participa y gana este tipo de procedimientos tanto a nivel nacional como en los ámbitos de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.
La empresa ya había sido beneficiada en la misma licitación a fines de noviembre del año pasado, para darle de comer a los 2.533 presos que alberga el penal de Marcos Paz.
Ahora, fue la única empresa que se presentó a la compulsa para alimentar a los presos de este complejo penitenciario bonaerense en quienes el Estado nacional gastará alrededor de $1.302.803 por cada preso al año o algo menos de $108.566 por mes, cuando una jubilación media ronda los $70.00 y el salario mínimo ronda los $69.500 cada 30 días. Mientas que el sueldo promedio en la Argentina es de $99.000 por mes. Y mientras que, para estar por encima de la línea de la pobreza, hay que ganar $45.223 por mes.
De hecho, y de manera sospechosa, por el mismo servicio de 4 comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) el Servicio Penitenciario Bonaerense, en coordinación con el Programa Para las naciones Unidas (PNUD) que desarrollaron una metodología muy novedosa de producción in situ de alimentos, pagan actualmente por las cuatro comidas $823 por día por cada preso.
Pero más curioso es aún el dato de los costos de alimentos en esta cárcel Federal de Marcos Paz si los comparamos contra uno de los servicios de catering más caros que existen por su complejidad, el de los Hospitales. Allí, en la Provincia de Buenos Aires se gastan $1.260 pesos por día por paciente en las cuatro comidas.
Empresa adjudicataria, una vieja conocida
Más allá de estas comparaciones, la oferta de la empresa fue aceptada tras un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Evaluadora de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas el 25 de noviembre de 2022, en el cual, luego de realizar un pormenorizado análisis de la documentación de la oferta presentada, recomendó la adjudicación a Compañía Integral de Alimentos por resultar conveniente en materia económica.
De hecho, la propuesta fue convalidada a pesar de que supera en más del 10% el precio testigo informado por dicho organismo y el gasto será atendido con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación, según establece la norma que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Agustín Oscar Rossi y del ministro de Justicia, Martín Ignacio Soria.
La empresa adjudicataria de la licitación es una vieja conocida de los funcionarios que tanto a nivel nacional como bonaerense y porteño tienen a su cargo la organización de este tipo de negocios con el Estado.
Según se desprende de varias notas periodísticas, Compañía Integral de Alimentos forma parte de un pool de empresas que habitualmente se quedan con este tipo de licitaciones.
Las notas aseguran que forma parte de un grupo de sociedades que están bajo el control de Carlos Bibulich, a quien denominan el jefe del «club de los 7» que maneja un oligopolio multimillonario.
De qué se trata el «club de los 7»
Son siete empresas que desde hace varios años controlan el negocio de la alimentación en el Servicio Penitenciario Federal, también de la comida de hospitales y escuelas.
A Bibulich se le adjudica una cercanía a Máximo Kirchner, quien habría sido el intermediario para que una de esas empresas ganara, por ejemplo, el servicio de caterin a empleados mineros de Santa Cruz a través de la firma Coocking.
Se trata de una de las sociedades del llamado Grupo Valbe, donde se encuentra Compañía Integral de Alimentos, cuyo nombre de fantasía es Royal Chef Catering.
También aparecen Food Rush Gastronomía, Kyan Salud, Caterind, Máximia y Bio-Limp SA.
Según el portal especializado memo.com.ar, estas empresas le facturan al Estado mediante un formato totalmente viciado: sin licitaciones ni ordenes de compra. A través de una figura llamada «legítimo abono», que permite que el precio del servicio, al no existir licitaciones, se determine a antojo de Bibulich.
A su vez, un informe sobre lavado de dinero publicado por diario Página/12 lo identifica a él y a sus familiares en un listado de «personas que hicieron transferencias off shore» en reiteradas oportunidades.
De hecho, varias de estas empresas ostentan un historial grave de denuncias por alimentos en mal estado, no solo en las cárceles sino también en hospitales.
En este marco, Compañía Integral de Alimentos (CIASA) fue denunciada por los presos de Magdalena y los de la unidad penal Nro. 40, de Lomas de Zamora por el estado de los alimentos.
Fuente IPROFESIONAL
