El auto de procesamiento fue dictado este jueves por el Juzgado Federal de Sáenz Peña para Omar Judis, su hijo Enzo y el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, entre otras personas por presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado, sin prisión preventiva. Además, se dictaron embargos por 100 millones de pesos para cada uno.
En ese sentido, la Justicia los encontró autores penalmente responsables «prima facie» del delito previsto en el artículo 303, inciso 1 con los agravantes del inciso 2 a y b del Código Penal y por el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal en calidad de miembros ambos en concurso real.
Cabe recordar que la investigación por lavado de activos fue encabezada por el fiscal general, Federico Carniel. Además, se desprende de la causa por corrupción en el manejo de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) que concluyó con las condenas para Omar Judis y su hijo Enzo y condenas condicionales para el resto de los integrantes de la ex conducción de la casa de altos estudios.
La investigación del caso reveló que Omar Judis habría ideado una estructura para «distraer dinero del erario público y luego incorporarlo al sistema legal y/o a su patrimonio«. Según la investigación, la mayor cantidad de dinero habría sido blanqueado entre los años 2014 y 2015.
En ese sentido, la resolución señala que Judis «se valió de una serie de personas que cumplieron diversos roles que permitieron blanquear el dinero obtenido ilícitamente a través de la compra de flotas de vehículos, inmuebles y el cobro de cheques procedentes de la Fundación UNCAus«.
OTROS PROCESADOS
Los procesamientos alcanzan también a los empresarios Alejandro Ibáñez, hijo del intendente de Taco Pozo; Jorge Varela, Nelson Varela, Marcela Pobi y la contadora Andrea Almirón, como miembros de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Para los investigadores, la lista de las 12 personas serían testaferros de Judis, a quién autorizaban junto a su pareja Pobi a utilizar los vehículos registrados a nombre de Ibáñez, Varela y de empresas como la constructora Tridelta SA, beneficiada con licitaciones para obras en la UNCAus.
Por último la resolución procesa como participes secundarios a Pedro Jiménez, Romina Klepacek, Malena Martínez, Vanesa Rodríguez y Karina Nichiporuk.
Fuente diario chaco
