En cadena nacional, el presidente anunció su orden al Ministerio de Justicia y al representante ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. «Es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas», dijo.
Sin embargo, Estas actitudes por parte de los mandatarios nacionales no fue bien recibida en las redes sociales por el pueblo, ya que durante el año 2020, cuando el mismo presidente había decretado la cuarentena obligatoria en todo el territorio Argentino el Presidente junto a Fabiona Yañez realizaron una fiesta de cumpleaños en Olivos, actividad que estaba terminantemente prohibida en ese momento.
El caso tomó gran transendencia a nivel nacional y generó gran repudio por el pueblo Argentino al que no se le permitía salir de sus hogares, Sin embargo, la justicia no continuó con el caso ya que tanto El presidente como la primera dama realizaron un pago de $3.000.000 (Tres millones) en concepto de donación y terminaron sobreseídos.
Mediante cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia a que se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue un viaje de funcionarios, jueces, fiscales y empresarios del grupo Clarín a Lago Escondido, Bariloche.
El tema surgió tras la filtración -ilegal- de supuestos chats entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos y el financiamiento del vuelo.
Es así que, en los mensajes, las personas tratan de falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia. También hablan de una «buena predisposición» de la fiscal federal de Bariloche para cerrar una investigación abierta sobre los motivos del encuentro.
El celular hackeado para filtrar los chats sería el del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien ya negó la veracidad de los chats y adelantó que recurrirá a la Justicia.
En el mensaje grabado y difundido esta tarde, Alberto Fernández dijo: «Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia».
Y agregó: «Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido».
Según el Presidente, este viaje y sus polémicas exponen «con enorme contundencia» el modo en que «ciertas corporaciones» operan sobre funcionarios, jueces y fiscales . «En muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan», sentenció.
Sin embargo, cabe resaltar también que esta medida tomada por Fernández fue dada a conocer a horas de que se conozca el veredicto en la causa Vialidad, que acusa principalmente a la vicepresidente Cristina Kirchner.
El mensaje completo del Presidente
Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.
Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.
Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.
Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.
No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo «Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.
Convencido de que debemos decir «Nunca Más» a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación
