Los afiches aparecieron en distintas avenidas de la Ciudad en la madrugada del 28 de marzo. Acusaban a la vicepresidenta de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Rápidamente, el presidente Alberto Fernández salió a condenar el “escrache” en sus redes sociales y se abrieron tres causas judiciales. Aunque pasaron más de siete meses, todavía no se pudo determinar quién fue el autor ideológico.
La investigación está paralizada hace más de un mes por un conflicto de competencia. A fines de agosto, el juez Manuel De Campos, que había avanzado sobre la pista de una “jubilada” de Recoleta, se declaró incompetente y le mandó la causa al juez Sebastián Casanello, que ya había opinado que no era materia de la justicia federal, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional.
Este martes, ese tribunal sostuvo que el “escrache” debe quedar a cargo de Casanello. “De las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general, con relación a la autoridad mencionada, de modo que no existen hesitaciones en torno a que la finalidad de la conducta descripta era la de atentar contra la señora Vicepresidenta y su función en el Gobierno Nacional”, sostuvo el camarista Mariano Scotto.
Fuente infobae
