Amílcar Soto y Valeria Ramírez, dirigentes sociales de la provincia, fueron acusados de pedir dinero de beneficios sociales, maltrato verbal y de exigir la asistencia a movilizaciones «bajo la amenaza de perder el beneficio económico».
El fiscal federal Patricio Sabadini formuló en las últimas horas un requerimiento de instrucción judicial por una denuncia que comenzó a tramitarse en 2019 y que involucra a dos dirigentes sociales de la provincia, acusados por exintegrantes de sus organizaciones de «exigir un aporte de dinero mensual bajo la amenaza de perder el beneficio económico».
A la fiscalía de Sabadini se remitió un informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) que provocó que se les tome declaración testimonial a tres denunciantes y ahora se cite a declaración indagatoria a los dos imputados: Amílcar Soto y Valeria Ramírez, a quienes señalaron como referentes -en ese momento- del Movimiento FOB (Federación De Organizaciones De Base).
La intervención de la UFISES surgió luego de que cuatro mujeres denunciaron en julio de 2018, ante Desarrollo Social, que referentes de los movimientos por un lado «Teresa Rodríguez» como «Federación de Organizaciones de Base» (FOB) «les exigían un aporte de dinero mensual sobre la ayuda económica que recibían del Ministerio de Desarrollo Social, como también, les exigían asistencia a movilizaciones y realización de tareas proselitistas, bajo la amenaza de perder el beneficio económico «, detalla el requerimiento
Las denunciantes señalaron que Amílcar Soto y su pareja Valeria Ramírez concretaron esta «exigencia» mientras existía el «Plan Argentina Trabaja», que después se llamó «Hacemos Futuro».
«Soto y su pareja, Valeria Ramírez, le pedían un aporte de dinero, sino le sacarían el plan, hasta que hicieron la denuncia en Desarrollo Social y resguardaron su beneficio. Asimismo, la intimidación consistía en que iban a tener que abandonar la vivienda en la que estaban si no realizaban el aporte dinerario», contó una mujer y otra añadió: «la exigencia de dinero provenía de Ramírez, que debían asistir a marchas feministas de las que no estaba de acuerdo «. El monto del aporte exigido «dependía de lo que cobraban» las beneficiarias, quienes -contaron- eran «maltratadas verbalmente».
En las testimoniales, surgió otra denuncia en la que aseguraban la existencia de un galpón donde la organización guardaba mercadería. «Exigían la presentación de 8 documentos de identidad para entregar una bolsa de mercadería, la cual además estaba en mal estado», contaron aunque una intervención de Gendarmería Nacional no hallaron mercaderías de Desarrollo Social.
Por todo lo planteado en la denuncia inicial y las declaraciones testimoniales recepcionadas, el fiscal Sabadini consideró que se «vislumbra una hipótesis de investigación con connotación penal, que amerita el inicio de la instancia de instrucción». Desde la Fiscalía consideran que la conducta ilícita en la que posiblemente incurrieron Soto y Ramírez «típica «prima facie» en la figura penal de «extorsión»».
Según prevé el artículo 168 del Código Penal «será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos».
Tras el análisis de los hechos denunciados, la fiscalía consideró que «Soto y Ramírez -en tanto sujetos activos o ejecutores desplegaron la conducta dolosa a través de intimidación, a efectos de que entreguen una parte del dinero percibido del beneficio social «Argentina Trabaja» al que se encontraban inscriptos. Soto y Ramírez en su carácter de «referentes» del movimiento FOB obligaron a las denunciantes a la entrega de dinero, intimidando a las mismas con la baja del beneficio».
En ese escenario, Sabadini pidió que se cite a prestar declaración indagatoria a los dos dirigentes.
