Diez diputados de Juntos por el Cambio impulsan un controversial proyecto de ley que prohíbe y revierte el derecho de los presos a votar en las elecciones.
Un proyecto de ley impulsado por al menos diez legisladores de Juntos por el Cambio busca prohibir que personas privadas de la libertad puedan votar en las elecciones.
La polémica iniciativa revierte el derecho de los presos al sufragio y busca derogar la legislación vigente, sancionada en 2003 y reglamentada en 2006, que habilita a votar a personas privadas de su libertad procesadas y sin condena firme.
En sus fundamentos, el diputado nacional Alberto Asseff indicó que dicha norma fue un «mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo».
«Insistimos que los fondos que son destinados a estos actos, bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria, pues bien sabido es el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos, de raigambre constitucional», agregó el diputado nacional, a quien acompañan con la firma los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
Presentada en la Cámara de Diputados y Senadores, la propuesta tiene el objetivo de modificar la Ley N°25.858 sancionada el 29 de diciembre de 2003 y reglamentada en 2006 por el expresidente Néstor Kirchner.
Por otra parte, actualmente, el Código Nacional Electoral es incluso más restrictivo que las instrucciones emanadas del máximo tribunal. La Corte Suprema dejó firme un fallo en febrero pasado de la Cámara Nacional Electoral que en 2016 garantizó el derecho al voto de las personas condenadas en causas penales. Es decir, no solo los presos procesados pueden votar, sino todos aquellos que fueron encontrados culpables con sentencia firme. Se trata de una exclusión que todavía sigue vigente en la legislación.
Por último, en relación con el porcentaje de votos, en las últimas elecciones legislativa de 2021, 13.826 personas privadas de la libertad votaron en las cárceles y unidades penales, de un total de 57.672 habilitadas. Fue un 24% del padrón. El Frente de Todos se impuso sobre Juntos por el Cambio en 18 de las 24 provincias del país.
