Así se desprenden del habeas corpus colectivo presentado en agosto por los defensores Oficiales de Sáenz Peña en favor de los detenidos. La acción fue puesta a consideración del Juzgado de Ejecución Penal a cargo de Daniel Freyres, donde los detenidos del Complejo Penitenciario Provincial de Sáenz Peña denunciaron una serie de irregularidades.
Freytes hizo lugar al pedido de los defensores debido al “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” de las personas alojadas en el penal.
Cabe recordar que en una audiencia que mantuvieron con el juez y los defensores oficiales, los detenidos denunciaron una serie de irregularidades en el lugar de detención y manifestaron que los agentes penitenciarios “consentían y estimulaban actos de vandalismo, además de tener una mirada pasiva durante las reyertas entre presos”.
Estas afirmaciones se desprenden del hábeas corpus colectivo presentado por los defensores oficiales 1, Ariel Juárez; 2, Matías Jachesky, y 3, Simon Bosio, en favor de los detenidos del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña.
La medida fue presentada luego de que los detenidos informaran dichas irregularidades, desórdenes, ataques, abusos y amenazas, “todo ello bajo la inacción de las autoridades del Complejo Penitenciario Provincial y en algunos casos hechos que se producirían propiciados por agentes del Servicio”, señala el escrito.
Previo a su resolución el juez Freytes se hizo presente en la unidad carcelaria y se entrevistó con referentes de los detenidos quienes le ratificaron lo denunciado.
El juez remarcó que fue demostrado que existe “una total indiferencia ante hechos que ponen en peligro la seguridad de la población privada de libertad”.
Paralelamente, Freytes corrió vista al fiscal en turno, Gustavo Valero, para que investigue los hechos denunciados que podrían configurar delitos de acción pública.
Medidas
Tras hacer lugar al hábeas corpus solicitado por los defensores, Frreytes ordenó una serie de medidas para evitar el agravamiento de las condiciones de detención de los presos. Ordenó “el cese de todo acto u omisión de la autoridad penitenciaria que implique agravar las condiciones de detención de los internos, debiendo garantizar la seguridad de los módulos”.
Dispuso que “se garantice una reunión periódica, mensual o semanal, de acuerdo al criterio que se adopte, con los referentes de cada módulo de la unidad”.
Además, recomendó a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial “una mayor flexibilización en el uso de celulares, como asimismo ampliación horaria del uso de computadoras para aquellas personas que se encuentren cumpliendo un programa de estudios en las universidades teniendo en cuenta la disparidad horaria ya sea en el cursado virtual de clases como en el rendido de exámenes”.
