El país superó hoy las 100.000 muertes por Covid-19, una cifra que ni siquiera era imaginable al comienzo de la pandemia, cuando el Gobierno tomó la drástica decisión de parar literalmente la economía, con el apoyo cerrado de todos los sectores políticos y un acompañamiento general de la población.
En aquel momento, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, le reconocía al mandatario Alberto Fernández el rango de «comandante en jefe» de la batalla contra la pandemia de coronavirus, y solamente algunos pocas voces «anticuarentena» se expresaban de forma disonante, aunque sin eco en la gran mayoría de la sociedad, que seguía con miedo a la nueva realidad que se imponía penosamente en el mundo.
Sin embargo, ese paisaje monocromático de legitimidad y respaldo se empezó a desgranar en un plazo muy corto, no mayor a dos meses, a medida que el deterioro de los indicadores económicos se aceleraba a un ritmo pavoroso, y la pérdida de libertades, sintetizada en la consigna oficial «Quedate en casa», empezaba a sentirse como una afrenta para una ciudadanía que ya no aguantaba la prórroga permanente de las medidas restrictivas cada 15 o 21 días.
El movimiento «anticuarentena» crecía aceleradamente y empezaba a escucharse el latiguillo de «la cuarentena más larga del mundo», lo cual podía ser tomado como cierto si se tenía en cuenta que el Gobierno argentino había tomado la acertada decisión de decretar el aislamiento obligatorio entre una semana y diez días antes que otros países de la región.
A los primeros «banderazos», motorizados por agrupaciones libertarias y ciudadanos opositores identificados con el sector más duro del PRO, se sumó el pronunciamiento de un grupo de intelectuales cercanos al macrismo que denominó «infectadura» al sistema de cuarentena estricta que el Gobierno había impuesto para contener el impacto de la pandemia.
El Presidente insistía en que ante el dilema de cuidar la salud o la economía, optaba por la primera opción, ya que el aumento de la pobreza iba a poder ser revertido más adelante, mientras que las vidas que se perdían eran vidas que no se iban a poder recuperar nunca más.
«Prefiero 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos», había llegado a decir el jefe de Estado, una frase que ahora que se superó esa cifra de decesos le vuelve como un búmeran y que la oposición le echa en cara cada vez que puede.
A partir de mayo del año pasado, dirigentes de Juntos por el Cambio empezaron a fatigar los espacios en los medios denunciando que se trataba de una falsa dicotomía, y que en paralelo a las políticas sanitarias había que tener un plan para la reactivación de la economía.
El Gobierno contestaba que estaba tomando medidas efectivas para atender el frente económico, como el Ingreso Salarial de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Sin embargo, esas herramientas resultaban escasas y ampliamente insuficientes para compensar el daño que el cierre de actividades estaba provocando en la economía, con empresas que suspendían trabajadores, pymes que cerraban, y millones de personas que caían por debajo del índice de la pobreza.
EL CONFLICTO POR LAS CLASES Y LA POLÍTICA DE VACUNAS
Pese a los reclamos crecientes del sector más duro de la oposición, el Gobierno nacional pudo mantener durante 2020 un nivel de coordinación más que aceptable con la Ciudad de Buenos Aires, y el repliegue de la primera ola dio un respiro durante el verano, cuando se pudo llevar adelante la temporada de estival con relativo éxito.
Sin embargo, hacia mediados de 2020 ya habían quedado expuestas las primeras diferencias entre la Nación y la Ciudad en torno a la vuelta de la presencialidad educativa.
Ese año el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cedió, pero en noviembre prometió a la comunidad de padres y madres que en 2021 el ciclo lectivo iba a desarrollarse de forma presencial, con normalidad.
El desembarco de la segunda ola de coronavirus alteró los planes de la Casa Rosada y chocó de frente con la hoja de ruta del Gobierno de la Ciudad, que quería cumplir a toda costa su promesa sobre la vuelta de la presencialidad en las escuelas.
En paralelo a estas discusiones, se iniciaba en el país la campaña de vacunación contra el Covid-19, pero no de la mejor manera: el escándalo del «vacunatorio VIP» que eyectó del Gobierno al entonces ministro de Salud, Ginés González García, puso en duda la transparencia y confiabilidad del promocionado oficialmente como el mayor operativo de inmunización de la historia argentina.
Decenas de funcionarios o allegados al oficialismo fueron inoculados por personal del Hospital Posadas en dependencias de la cartera de Salud «salteándose la fila», sin respetar el orden prestablecido de prioridades por grupos poblacionales, una mancha que todavía el Gobierno no pudo sacarse del todo.
Por otra parte, buena parte de la oposición cuestionó hacia fines del año pasado que el Gobierno haya cerrado contrato para la provisión de vacunas Sputnik V de Rusia.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio sospechaban sobre la bioseguridad de las vacunas producidas en Moscú, y cuyos ensayos clínicos todavía no tenían una certificación en las principales publicaciones científicas de Occidente.
Advertían que el Gobierno se estaba apurando en cerrar contrato con el Instituto Gamaleya, y atribuían esa decisión a intereses de geopolítica.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó una denuncia penal en la Justicia en la que directamente acusaba al Gobierno nacional de estar induciendo a la población a un posible envenenamiento.
La publicación de los resultados satisfactorios de la vacuna Sputnik en la prestigiosa revista británica The Lancet desbarató las suspicacias y entonces el cuestionamiento de la oposición cambió de forma: ahora el reclamo tenía que ver con que el Gobierno se enfocara en cerrar contratos para adquirir las vacunas Sputnik, AstraZeneca y la china Sinopharm y no agotara las instancias para comprar dosis de los laboratorios norteamericanos Pfizer y Moderna.
El debate llegó al Congreso nacional y a los medios de comunicación, donde Juntos por el Cambio denunció que el Gobierno privilegiaba sus relaciones geopolíticas con Rusia y China y descuidaba las negociaciones con las firmas farmacéuticas estadounidenses por cuestiones ideológicas.
También criticaron que el Poder Ejecutivo haya dejado pasar la oportunidad de recibir una cuota más generosa de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo Covax.
Y el principal argumento de ataque al Gobierno tenía que ver con que mientras que el Poder Ejecutivo se negaba a aceptar las condiciones contractuales de los laboratorios norteamericanos, miles de vidas se estaban perdiendo por el avance de la enfermedad.
De hecho, esta crítica persiste aún después de que el Gobierno haya resuelto modificar por decreto la ley de vacunas para adecuar la legislación a las exigencias de Pfizer, Moderna y otras compañías, ya que lo que se señala es que se perdieron varios meses en los que se podrían haber salvado vidas.
La polémica por la presencialidad educativa explotó en abril pasado cuando el Gobierno de la Ciudad desconoció un decreto nacional que ordenaba la suspensión de clases en las aulas, alegando que la gestión de Alberto Fernández se estaba atribuyendo facultades que violaban las autonomías de cada distrito.
El pleito llegó a la Justicia y se produjo un fallo que le dio la razón al Gobierno nacional, pero luego la Corte Suprema corrigió y avaló la vuelta de la presencialidad.
En la cúspide de la tensión con Rodríguez Larreta, el Poder Ejecutivo envió al Congreso nacional un proyecto de ley de «semáforo epidemiológico» que intentaba establecer criterios objetivos para la adopción de medidas de restricción, pero la iniciativa nunca pudo votarse en la Cámara de Diputados ya que el oficialismo no logró reunir allí una mayoría.
Sin demasiadas armas legales para continuar la pelea en las instituciones, la Casa Rosada debió resignarse a que fuera el Gobierno de la Ciudad el que tomara las decisiones en materia sanitaria y educativa, pero felizmente ambas administraciones pudieron volver a coordinar las políticas en torno a las clases.
Otro punto de acuerdo fue la postergación del calendario electoral, para dar mayor tiempo a que avance la campaña de vacunación y así tener a un mayor porcentaje de población inmunizada al momento de acudir a las urnas.
La proximidad de las PASO reavivó las llamas de la confrontación entre las dos principales coaliciones políticas y el fuego cruzado en temas vinculados a la gestión de la pandemia, así como en asuntos vinculados a la economía, es una constante que se exacerbará durante la campaña electoral.
Fuente: Noticias Argentinas.
