Ayer se hizo pública una resolución del Juzgado Penal N°2 por el cual se habilitó a María Rosario Frank a radicarse en Valladolid, España. La mujer, hace poco más de un año, fue condenada por atropellar y matar al reconocido empresario Jorge Cura en diciembre de 2016.
Al respecto, Diario TAG dialogó con el abogado querellante, Sergio Augusto, para conocer la reacción de la familia y los pasos judiciales que tomaron una vez conocida la noticia. “La indignación de la familia es muy fuerte. Querían que la muerte de Jorge Cura, una persona tan querida en la ciudad, no quede en vano, que por lo menos sirva para tomar conciencia”, expresó.
La familia se enteró de la resolución judicial luego de que el abogado ingresó a la plataforma del Poder Judicial y notó el trámite del expediente. Es decir, no fueron consultados. “Cuando la condenada hace su pedido, correspondía que se nos corra a traslado como parte querellante, al igual que al fiscal y eso no ocurrió. Se hizo por una decisión unilateral del juzgado”, indicó Augusto.
Según pudo saber este medio, Frank solicitó la radicación ya estando en el extranjero.
Sobre los pasos que seguirá la familia, el abogado querellante confirmó que ya los dieron. “Uno fue el planteo de la nulidad porque consideramos que ese decreto que autoriza a la condenada a residir en otro país es nulo porque no se nos escuchó a nosotros, no se nos pidió opinión al respecto y tampoco porque se cursó a la vista del fiscal», detalló.
“Sin perjuicio de eso, paralelamente, interpusimos un recurso de reposición en el cual le solicitamos al tribunal que se revoque el decreto que la acredita”, agregó. Ahora la familia espera que se les notifique los resultados de dichas intervenciones.
ARGUMENTOS DE FRANK
“Ella pidió está autorización porque está haciendo un curso de nutrición en esa ciudad, que culmina si mal no recuerdo en el año 2022. Más allá de eso, nos parece realmente inaceptable como parte querellante con una persona con condena firme por el motivo que fuere cumpla la condena, que tampoco podemos comprobar”, insistió Augusto.
“Eso es lo grave porque a la par de la pena de prisión que, aunque fue en suspenso, se dictó la pena de inhabilitación para conducir y nosotros desconocemos si esta persona está conduciendo en el extranjero”.
INCUMPLIMIENTOS
Desde la querella también mencionaron que a Frank se le impusieron reglas de conducta, un curso de capacitación vial, fijar residencia, pedir autorización, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes y 80 horas de trabajo comunitarios, que debía realizarse en los controles de tránsito de la ciudad de Resistencia. “Eso quedó firme y no lo está cumpliendo, y eso es lo que reclamamos”.
