La simbología llega a nuestro días pero lo que se pensó como el organizador social para resolver conflictos particulares con una mirada especial para los más desprotegidos en una puja se perdió y hoy en muchas ocasiones, se trata de un poder que solo legitima y profundiza las desigualdades.
Valeria S. es docente y junto con Cristian, su marido, decidieron transitar juntos sus vidas desde hace 11 años. Ella docente, el trabajador de un frigorifico, llegaron los hijos y con ello la necesidad y la seguridad de contar con un medio de transporte con la funcionalidad y la utilidad para todos.
Corría 2015, Valeria se acercó a una concesionaria para preguntar si calificaba para ingresar en un plan de ahorro para un vehículo. Completó las formalidades, la cuota era de $ 1600 y se adaptaba a las finanzas de la familia.
La recesión que inició el país desde 2016 que generó el cierre de cientos de pymes se llevó puesto el trabajo de Cristian y con ello aparecieron los desequilibrios, atraso en las cuentas y las tensiones diarias cuando los ingresos no alcanzan.
Cristian inició sin éxito un camino de cuentapropista con trabajos de albañilería paralelo a la caída de la actividad económica el peso se derrumbaba y la dolarización de la economía cobraba vigor. El precio de los vehículos se disparó y atado a ello estaban las cuotas de los planes de ahorro.
A duras penas, la familia hizo lo imposible para cumplir con las cuotas que aumentaban mucho rápido que los salarios para convertirse en leoninas pero la situación fue haciéndose insostenible y a fines de 2019 precisaban unos $ 16 mil mensuales hasta que dijeron basta y decidieron llegar hasta el último ratio que nos ofrece la vida en sociedad cuando entendemos que somos los perjudicados en una relación contractual, que se modificó por un contexto que no podía preverse: la Justicia.
Presentaron un recurso de amparo con medida cautelar y con el buen tino y atendiendo un criterio de racionalidad, la jueza del Civil y Comercial 16 Silvia Felder ordenó retrotraer los valores que se abonaban a enero de 2018 , unos 4.800 (en poco mas de un año la cuota había subido un 300%) más un compensación para la empresa similar a la suba del costo de vida durante 2019. El ingreso que tenía Valeria era el único que tenía la familia.
Pero, el fallo fue recurrido llegó hasta la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones donde María Varela y Gladys Zamora decidieron que había que romper el principio de la Justicia y castigar a quienes se encuentran en la situación de mayor fragilidad a que asuman todos los costos de los vaivenes económicos.
Dejaron sin efecto el fallo de primera instancia y resolvieron sin ningún tipo de análisis de la situación de la familia, que abone un 70% del valor de la cuota que hoy tiene el vehículo en el mercado y con ello deslizando de responsabilidades a la empresa y condenando a la imposibilidad de cumplir con las cuotas más allá de cualquier buena voluntad.
“Como docente hoy gano 25 mil pesos y la cuota que me establecieron es de 20 mil, no hay mucho mas para explicar que si la pago se estaría afectando derechos tan básicos como la alimentación, la salud y la educación de mis hijos que no los podría ejercer” , expresó Valeria a este medio.
«Esta justicia, con jueces que dicen que deben ganar lo mismo que el fuero federal porque realizan la misma tarea, les pido que si van a exigir un aumento miren los fallos que existen a nivel nacional que benefician a los usuarios y los consumidores y aplica el criterio de proteger al más débil que pareciera que en Chaco las juezas Varela y Zamora no lo hacen y se ponen del lado de los mas poderosos” , cerró Valeria.
