Una denuncia contra el Estado argentino, y las provincias de Corrientes y Chaco, fue elevada por la organización “Liberen el puente” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). La petición tiene el propósito de conseguir la intervención del organismo internacional ante las restricciones en el viaducto que conecta a las dos capitales.
“Las doctoras Agostina Rolfi y Claudia Vallejos son las que se encargaron de darle forma y un marco legal”, detalló a El Litoral la referente del movimiento “Liberen el puente”, Eugenia Jardon.
El documento presentado describe la situación general de lo que denunciaron como “violaciones a los derechos humanos”.
“Para la mayoría de los ciudadanos comunes resulta prácticamente imposible cumplir con los requisitos para ingresar a la Provincia de Corrientes. Lo cierto es que Resistencia y Corrientes son ciudades que funcionan como una sola, pero a partir de la pandemia se instaló una especie de ‘Muro de Berlín’ que es el puente General Belgrano, construido sobre el río Paraná”, expusieron en la denuncia.
Proceso
Además de detallar los derechos violados por esta restricción en base a la normativa jurídica nacional e internacional, la denuncia enumera los antecedentes de intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de septiembre en favor de un joven chaqueño y una empresa de bebidas.
Sumaron también el amparo del Consejo de Abogados de la ciudad de Resistencia. La redacción del documento la iniciaron hace poco más de un mes, mientras que “hace 10 días fue enviada la denuncia vía correo electrónico, y hace 2 días fue respondida satisfactoriamente, por lo que ahora hay que esperar a que miembros de dicha Corte analicen los hechos, las evidencias y las pruebas para que vuelvan a comunicarse con nosotros”, aseguró Jardon en diálogo con El Litoral.
Por su parte, la Cidh aún no emitió un informe de admisibilidad de la denuncia presentada por la organización “Liberen el puente”. En caso de ser aceptada la petición, recién podrá convertirse en un caso a tratar.
Informes
Al mismo tiempo, la Corte Suprema pidió informes a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta en el marco de las restricciones a la circulación dispuestas por la pandemia de covid-19.
En el caso del pedido de informes a Corrientes, en la Corte se basaron en la medida autosatisfactiva presentada por el chaqueño Mariano Maggi, quien necesitaba asistir a su madre durante su tratamiento médico en esta ciudad.
La respuesta positiva de la Corte para Maggi llegó el 10 de septiembre, una semana después de que la madre concluyó su tratamiento médico.
Amnistía
En base a ese mismo caso, la organización no gubernamental Amnistía Internacional también pidió informes a Corrientes hace una semana. En un comunicado, el movimiento global reconoció el “enorme esfuerzo que el Estado Argentino y, en particular, la provincia de Corrientes están haciendo para dar una respuesta integral a una crisis sanitaria de una magnitud sin precedentes en la historia reciente”.
“Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo”, advirtieron. Jardon aseguró a este matutino que presentaron también el reclamo ante Amnistía Internacional. “Todavía no tenemos respuesta ya que fue hace sólo dos días”, agregó la referente del movimiento “Liberen el puente”.
