Esta mañana, el gobernador de la provincia Jorge Capitanich junto a distintas autoridades se reunió con miembros de la Guardia Whasek en Sáenz Peña tras el crítico conflicto que se vive en El Sauzalito luego de las detenciones a personas que la conforman, causas judiciales y cortes de ruta.
En ese sentido, Capitanch adelantó que se propició “un mecanismo de acuerdo multipropósito, en ese contexto hemos llegado a un acuerdo que se va a publicar con todos los detalles que tiene que ver con distintas acciones”.
Entre ellas mencionó el “diseño y ejecución de distintas políticas públicas” como agua potable, intervención sanitaria, educativa, etc.
“La guardia Whasek deja de funcionar como tal, a través de un procedimiento en donde en primer lugar se comprometen a no usar más uniforme y entregarlo, a entregar todas las armas que hayan sido eventualmente utilizadas”.
También mencionó que deberán cumplir “el acatamiento pleno desde el punto de vista constitucional». Por lo tanto «mantener el ejercicio del poder de policía que corresponde al monopolio del Estado federal y provincial”.
Como la aplicación de esta decisión es «inmediata», el gobernador consideró que los conflictos «deberían terminarse conforme a lo estipulado en este acuerdo». Por su parte, insistió en que «el sistema de control de circulación y el ejercicio del poder policía es absolutamente monopolio y potestad del Estado nacional y provincial, no hay discusión».
Sobre el surgimiento de esta guardía, Capitanich mencionó que «ellos plantean desde siempre un problema de inacción del Estado y en ese contexto el compromiso de acción del Estado y resolución pacífica a las controversias permite la convivencia civilizada de la comunidad.
«Trabajamos en una estrategia innovativa en donde existe una determinada lectura de supuestos hechos punibles derivados de procesos e instancias de investigación. Nos parece muy proactiva y constructiva la visión del juez federal de recurrir a un elemento innovativo dentro del Código Procesal Penal a los efectos de establecer una estrategia para la solución de una controversia, que de otra manera hubiese requerido un largo proceso», resaltó el mandatario.
El juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda, mencionó que ante la solicitud del Gobierno provincial para que el Juzgado Federal intente conciliar el conflicto se tomaron las medidas necesarias para que la audiencia se realice. «Pusimos énfasis en que el poder de policía es indelegable del Estado», resaltó.
Aranda dijo que «el cumplimento del acuerdo deber realizarse para impedir que la acción penal prospere. Hay hechos investigados que si se cumple el acuerdo conciliatorio que han firmado las partes, esto no tendrá una sanción penal sobre los presuntos responsables».
