Si bien en un estado de guerra contra un enemigo desconocido y silencioso, el objetivo del equilibrio fiscal es una discusión postergada ante la urgencia, los empresarios de pymes, medianas y hasta grandes compañías plantean que hay una “situación dramática” porque van a ser al menos 15 días en los que no se puede facturar -aunque todo hace suponer que es posible que el Gobierno deba extender la cuarentena-.
Es que en este estado de situación el parte económico evidencia que se paró la producción, las entregas, las ventas, las compras y la cobranza en cartera no se puede depositar, lo que deje a las empresas en una realidad más que acuciante. “Habrá pocas empresas que puedan hacer frente financieramente a los sueldos”, afirma un empresario a Ámbito. Y lanza: “El Gobierno deberá asistir financieramente a las empresas a pagar sus sueldos en una proporción importante mientras dure el párate económico, no hay otra solución”.
“Es un tsunami de dos olas por la pandemia viral y la pandemia económica”, alerta Pedro Cascales miembro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Como se sabe mientras dure la cuarentena los bancos están cerrados y solo disponibles algunas operaciones electrónicas. Es por eso que hay empresarios que están pensando en la reapertura y alertan que será imposible sostener el empleo, porque sencillamente será insostenible mantener las puertas abiertas.
“El primer eslabón que lo va a sentir es el comercio, y luego se va a trasladar a las industrias que vamos a ser el segundo eslabón porque a nosotros nos compran financiado, y ante el cierre de comercios y shopping es difícil que nos puedan cumplir con el pago de la mercadería entregada. Si a eso le sumamos que tenemos proveedores monopólicos que no nos van a querer vender financiado para poder arrancar, nos va a obligar a las industrias a que sin capital vamos a tener que tratar de comprar materias primas para atender los primeros pedidos después del aislamiento”, explica Marcelo Fernández titular de Confederación General Empresaria (CGERA) en diálogo con Ámbito al analizar los efectos de la cuarentena
Con una situación que es absolutamente nueva no solo para la Argentina sino para el mundo entero, las soluciones deben salir de lo tradicional.«Los empresarios reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, pero también sabemos que ni el país ni el mundo puede dimensionar aún cuáles serán las consecuencias de esta pandemia. La mayor preocupación es que las medidas que adopte el Gobierno sean claras, de aplicación rápidas y universales para que lleguen a todas las empresas», sostuvo industrial textil.
El paquete de estímulo lanzado por el Gobierno la semana pasada por unos $500 mil millones fue un primer paso para empezar a contener, en un segundo plano de la lucha contra la expansión del contagio, el parate económico producido por el inevitable aislamiento social decretado desde el viernes pasado.
De total, unos $35 mil millones son un estímulo al consumo porque están destinados a bonos extra para jubilados y AUH, lo cual resulta saludable para cuidar a los sectores más vulnerables. Pero en lo que hace a las empresas, hay $11.200 millones para acompañar la reducción de aportes patronales y más de $350.000 millones en créditos subsidiados para capital de trabajo.
Es que como es sabido, acceder al crédito supone de antemano cumplir con la famosa “carpeta” de los bancos y un tiempo de adjudicación que sobre todo las mipymes y pymes no pueden esperar. “Veníamos con cierta esperanza en que estaba comenzando a activarse la economía, pero ahora retrocedimos cien casilleros”, dice con tono lacónico un industrial del conurbano bonaerense.
El impacto del freno económico, se siente en todo el país, es por eso que gobernadores e intendentes analizan y lanzan medidas de impacto directo. EN ese sentido, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que se destinarán $4.000 millones para micro, pequeñas y medianas empresas que van a los bancos y no son sujetos de crédito, para que puedan recibir el crédito para “ayudarlas a cubrir sus salarios, los salarios de sus empleados”. Estos fondos estarán disponibles a partir de la semana que viene, empezando por el banco Provincia de Córdoba.
«A partir de mañana se va a conocer cómo resolveremos el problema de los taxistas, del monotributista, de la pequeña empresa y de los comerciantes», adelantó Alberto Fernández, en declaraciones al canal Telefe, y explicó que «vamos a tener un parate en la economía. A algunos ese parate los priva de un sueldo, ahí va a estar el Estado presente».
De esta forma el Presidente, que hizo hincapié en que “esta es una obra que se escribe sobre el escenario”, dejó en claro que el Gobierno está analizando permanentemente las distintas alternativas que se van sucediendo en la faz social y económica, más allá que claro está hoy se trata de salvar vidas. “Vamos a volver a discutir el rol del Estado. Hay muchas cosas que van a cambiar en la economía”, enfatizó Alberto Fernández. Sin dudas que en su rol comandante en jefe en esta batalla, el Presidente deja abierta la puerta a una redefinición de roles y actitudes para parte de los distintos actores socio-económicos.
Esa nueva economía es la que está cambiando en medio de la pandemia. Los efectos son aún desconocidos, pero son varias las cámaras empresarias que están buscando soluciones para acercarles al gabinete económico encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. De hecho, el jueves pasado CAME propuso más de 20 medidas tanto a los ministros nacionales como a los gobernadores, en línea con CGERA y otras cámaras empresarias.
En todos hay una coincidencia que es la de la necesidad de entrar en una cuarentena económica que sirva para mantener el status quo previo a que se declare la emergencia sanitaria. Lo que supone, por ejemplo, que el Estado vía la ANSES se haga cargo del pago de sueldos de los trabajadores en aislamiento, la suspensión de impuestos y cargas sociales, en algunos casos reperfilar las deudas con los bancos y los cheques de pago diferido, y suspender el corte de servicios públicos por la falta de pago. Otros pedidos que llegan a los funcionarios nacionales son los de suspender el pago de cuotas e intereses, y la renegociación de alquileres o asistencia a mipymes por los días no trabajados.
En esta línea, Marcelo Fernández de CGERA propone que “el Banco Central podría pensar en una moratoria tipo la AFIP que nos quite intereses, punitorios y embargos, y porque no hasta una quita de capital para que la pyme se reponga, y que las empresas que estén calificadas en situación 2 o 4 vuelvan a ser sujetos de crédito”.
