Con la promesa de un nuevo barrio judicial, 100 familias del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) accedieron a pagar por una vivienda. Más de cinco años después, los terrenos siguen vacíos y una de las personas imputadas por supuesta estafa, Graciela Aranda, quien en ese entonces se desempeñaba como titular del SEJCh, se negó a declarar. Así lo afirmó en diálogo con Noticiero 9 el abogado querellante de 25 de las familias, Dr. Carlos De Césare. Además, comentó que la condena para Aranda sería muy elevada, y la fianza “de carácter millonario”.
El pago por las viviendas se había realizado a fines del 2014. Meses más tarde, las familias advirtieron que podrían estar siendo víctimas de una estafa. Iniciaron averiguaciones en la Dirección de Tierras de la Municipalidad y corroboraron que los terrenos jamás habían sido demarcados ni tazados: no existía un plan de vivienda previsto en el lugar.
Ante la situación, varias de ellas radicar una denuncia por “Supuesta Estafa” contra Luis Vargas referente de la Asociación Bancaria filial Sáenz Peña, Miguel Ramos referente del SEJCh filial Sáenz Peña y Graciela Aranda, Secretaria General del SEJCh. Estas personas habían sido las encargadas de ofrecer los planes y de cobrar el dinero para las obras que nunca se ejecutaron
Tras la denuncia, Graciela Aranda había presentado en 2017 los documentos correspondientes al plan de viviendas donde se detalla por qué el barrio judicial no se había construido hasta el momento. Sin embargo, la causa había quedado estancada desde ese entonces, hasta que se citó a Aranda a prestar declaración en esta mañana de martes.
El Dr. Carlos De Césare, abogado querellante en la causa, dialogó con Noticiero 9 al respecto y comentó que “hizo uso de su derecho constitucional y no declaró”. Además, mencionó que la imputada determinó cambiar su abogado defensor. Por el momento, aseguró que el proceso judicial continúa con normalidad. “Venimos hace varios años esperando este momento”, agregó De Césare.
En cuanto a las familias damnificadas, el abogado querellante informó que las viviendas que debían construirse a partir del plan que tenía como responsables a Aranda, Ramos y Vargas se llevarán a cabo a través de un plan nacional. En aquel momento, las viviendas estaban valuadas en un total superior a los $10 millones, que jamás fue retribuida a los damnificados.
Por otro lado, el Dr. De Césare comentó que a diferencia de Graciela Aranda, Luis Vargas y Miguel Ramos, también imputados en la causa, se han presentado y han demostrado una participación activa en el proceso judicial. Al respecto, el abogado explicó que Aranda sería la más complicada en la causa, ya que los terrenos ingresaron al patrimonio de una fundación que ella preside y que tiene sede en su domicilio.
Graciela Aranda está por el momento imputada por 100 hechos delictivos, 25 de ellos con De Césare como querellante. En este sentido, el abogado aseguró que la condena, en caso de corresponder, sería muy elevada, y la fianza “de carácter millonario”.
Fuente 21tv
