Finalmente, con el presidente Alberto Fernández en Roma, el Gobierno pondrá en marcha la moratoria fiscal para aliviar a monotributistas y pymes, que contempla una quita de hasta el 42 por ciento de los intereses, condonación total de multas y planes de pago de hasta 10 años.
La medida se terminó de pergeñar en la reunión de Gabinete económico que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde se ajustaron detalles de la reglamentación que emitirá la AFIP en las próximas horas.
Como todos los anuncios de alto impacto que realizó la actual administración, la moratoria será lanzada con una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según confirmaron fuentes oficiales, sería este jueves, cerca del mediodía. Allí, junto a Cafiero, estarían el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La iniciativa se da en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso en diciembre, que habilitó a la AFIP a perdonar deudas.
La decisión de incluir un salvataje a las pymes surgió a partir del pedido de distintas cámaras empresarias. Y se comprende en el último dato de la AFIP: a agosto del año pasado, un total de 665 mil CUITs acumulaban $153.051 millones en deudas, sólo con el organismo recaudador.
Las ventas minoristas cayeron 3,8% en diciembre y acumuló un 11,6% durante 2019
La moratoria, en la que podrán ingresar pymes y monotributistas -excepto aquellos enmarcados en el Monotributo Social-, ofrecerá una quita que, según cálculos y simulaciones que realizaron los técnicos de la AFIP, podría llegar al 42% sobre el total de las deudas de los contribuyentes que adhieran.
Durante el primer año, la tasa de interés será fija, del 3% mensual; y luego será variable, por BADLAR. Los planes de pago vigentes, sin quita porque para ello se requiere una ley del Congreso, la tasa de interés que está cobrando la AFIP es del 2,5% mensual.
Para graficar la magnitud del beneficio, tal como contó Clarín a principios de este mes, en el Gobierno dan el ejemplo de una empresa con una deuda de $ 1.000.000 de capital que incluye impuestos desde el 2016 hasta el 2019. Con el último plan de pagos, la deuda consolidada, esto es el capital más los intereses, duplicaba el monto original y ascendía a $ 2.127.528. Con la nueva moratoria, la deuda consolidada será de $ 1.235.000, un 42% menor. Las cuotas con el último plan de pagos rondaban los $ 56 mil y ahora serán de $ 38 mil.
En cuanto a los plazos, se prevén planes de pago de hasta 120 cuotaspara las obligaciones tributarias y aduaneras, mientras que en el caso de deudas por aportes y retenciones habrá hasta 60 cuotas.
La inscripción en la moratoria comenzará el 17 de febrero y habrá tiempo hasta el 30 de abril, pero como la primera cuota vencerá el 16 de julio, representará un alivio inmediato para quienes ya tienen planes de pago y se adhieran, ya que tendrán casi seis meses de margen.
«El objetivo de la medida es garantizar que los sectores más afectados dejen de caer y comiencen a recuperarse», justificaron en el Gobierno.
La AFIP prorrogó su plan de pagos y la suspensión de embargos a Pymes
Según datos de AFIP, entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, pero los empleadores con hasta 10 trabajadores fueron los más afectados: «Explican el 91% del total de empresas afectadas por la crisis», señalan en el Gobierno.
El único requisito para entrar en la moratoria será contar con el certificado «MiPyME». Advertidas de esta situación, según indicaron a este diario desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, en lo que va del año 42.918 de empresas ya hicieron el trámite, por lo que 608 mil firmas figuran en el Registro PyME.
Desde el Gobierno indicaron que los monotributistas que quieran adherirse a la moratoria también deberán tramitar el certificado, pero aclararon que «no va a cambiar en nada su categoría frente a la AFIP».
Para avanzar en la implementación, en los últimos días hubo reuniones entre funcionarios de Desarrollo Productivo y de la AFIP con la cúpula de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que nuclea a 120 mil contadores en todo el país.
«La medida es necesaria en este momento porque descomprime la carga financiera que implicaban los intereses y multas por atrasos y falta de pago de los compromisos impositivos. Además, los embargos de AFIP habían generado que un gran número de empresas pasen a la informalidad, porque habían quedado imposibilitadas de operar con bancos o tener cuentas, al no poder ponerse al día con el organismo», consideró la economista Victoria Giarrizzo, directora ejecutiva de la consulta Elypsis.
De todos modos, advirtió que «este tipo de medidas de emergencia muestran que la carga tributaria tan alta en Argentina deriva en que finalmente el Gobierno deba terminar cediendo y licuando deudas porque las empresas no pueden pagar. Seria mucho mas eficiente y equitativo bajar la carga impositiva a todas las pymes».
