“Un clavo saca otro clavo” dice un dicho popular y aquí se traza una analogía porque también una ley anula a otra, por lo que para dejar sin efecto la Ley 7.722, se necesitó otra ley, en este caso la polémica 9.209, que habilita el uso de sustancias químicas para la explotación minera en la provincia de Mendoza.
La Ley 9.209 no encontró la legitimación necesaria en la sociedad mendocina y por eso, diversos actores exigieron su derogación mediante marchas, videos, presentaciones escritas, etc. Fue así que la administración de Suarez debió rever la cuestión y anunciar la tan ansiada, para muchos, derogación del controvertido proyecto que fue aprobado por ambas cámaras legislativas hace una semana.
Será ahora el propio Gobernador, quien enviará el proyecto a la Legislatura. Pero en este punto es necesario aclarar que como la Casa de las Leyes se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, solo se pueden tratar el texto que envíe el Ejecutivo.
Se espera que el lunes, el Gobernador cumpla con lo que anunció en la tarde-noche del viernes y su proyecto tenga un tratamiento rápido en el Senado y luego en Diputados, para que se produzca así su aprobación inmediata.
En la semana hubo dos bosquejos presentados, uno que reunía a legisladores de la Cámara Baja y cuyo autor es el diputado provincial del Frente de Todos, Gustavo Majstruk y por otro lado, otro de la Cámara Alta que tenía a dos senadores del peronismo como protagonistas, Bartolomé Robles y Andrea Blandini. Ambos textos eran brevísimos pero con un claro fin u objetivo, el enfático pedido de derogación de la Ley 9.209.
Votos positivos, negativos, marchas, reclamos y arrepentidos políticos fueron entre otras cosas el «cocktail» que dejó la reforma de la Ley 7.722. La tan llamada “grieta” (política) se puso en pausa con la llegada de la 9.209 y la sociedad de manera mayoritaria y a través de contundentes mensajes dejó en claro que no hay (por ahora) “licencia social” para la producción minera metalífera.
