María Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue sobreseída en la causa por defraudación contra la administración pública por la construcción de viviendas sociales de la Misión Sueños Compartidos.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso su sobreseimiento junto al de otros 24 imputados, entre ellos una ex pareja de Sergio Schoklender, la ex ministra de Economía Felisa Miceli y un hermano del contador Alejandro Gotkin.
María Alejandra Bonafini fue investigada por presuntamente “haber participado en las conductas delictivas llevadas a cabo por el Directorio de Meldorek S.A. mediante las que despojó de fondos públicos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.
Se le reprochó haberle vendido un departamento por 25 mil dólares que, según la sospecha inicial, fue una operación fraguada concretada en 2010 para disimular el desvío de dinero público para la hija de Hebe de Bonafini.
Sin embargo, la investigación de Martínez De Giorgi probó que Alejandra Bonafini había comprado el departamento con su propio dinero, producto de sus ahorros durante años que pudo justificar.
Y que la venta del departamento fue efectivamente concretara a la empresa Meldorek como una forma de capitalizarla para que pudiera acceder a la línea de Créditos del Bicentenario, que había lanzado el kirchnerismo para fomentar actividades productivas.
“La formación de las presentes actuaciones no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado”, aclaró el juez respecto de Alejandra Bonafini y el resto de los sobreseídos, según el fallo –de 125 páginas- al que tuvo acceso A24.com.
Idéntica decisión adoptó el juez respecto de Viviana Sala, ex pareja de Sergio Schoklender, principal imputado en este expediente.
Sala fue imputada por la conformación de la empresa Vicasa S.A., que adquirió un predio en Pilar sobre el cual recaía la sospecha de haber sido financiado con dinero sustraído de la Fundación Madres.
Sala explicó que el ese predio estaba a precio accesible por un problema personal de su anterior titular, que se asoció con una amiga para adquirirlo y que “todos los bienes de su patrimonio los adquirió con lo producido a partir de su trabajo como profesional de la salud, que los incluyó en sus declaraciones juradas y que pagó los correspondientes impuestos”.
“A partir de la prueba arrimada a la pesquisa, lo que podemos en esta instancia desechar es una colaboración dolosa por parte de Viviana Sala en la maniobra ilícita, circunstancia que impone desvincularlas definitivamente de estas actuaciones”, subrayó el juez.
En la lista de sobreseídos también figura la ex ministra de Economía Felisa Miceli,quien trabajó tras su salida del cargo para la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Martínez de Giorgi profundizó una línea de investigación que le había ordenado en 2011 la Cámara Federal, según la cual “si el objeto procesal de estas actuaciones consiste en establecer el posible desvío de los fondos que el Estado Nacional habría remitido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, la columna vertebral de la pesquisa, debe ser, precisamente, el seguimiento de esos fondos”.
Parte de la causa ya fue elevada a juicio oral y público, con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y la propia Hebe de Bonafini, entre los imputados.
Los hermanos Schoklender fueron acusados de que “valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, utilizaron a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales fueron detraídos luego de su destino específico”.
Martínez De Giorgi resolvió un remanente de esa investigación y desvinculó del hecho delictivo a María Alejandra Bonafini, Nicolás Goldschmit, Emmanuel González, Andrés Gorbato, Cynthia Leff, Guillermo Gillert, Marcela Zlotogorski, Carolina Gentile, Viviana Sala, Alejandra Gauna, Graciela González, Walter Cavagliato, Alejandro Tamburelli, Felisa Miceli, Eduardo González Fernández, Horacio Ferdkin, Hernán Martínez, Javier Brizuela, Sergio Brajterman, Claudio Garbet, Gerardo Gotkin, Guillermo Santoro, Alejandra Rossetti, Marcelo Lewkowicz, Leonardo Hubscher y Ricardo De Falco,
El juez concluyó que, tras los 230 cuerpos que ya insumió el expediente, “lo actuado hasta el momento resulta suficiente para determinar que las personas sobre las cuales versa este resolutorio, más allá de los cargos societarios que supieron ostentar o la labor que se les asignó dentro de la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, no pueden por sí ser prueba irrefutable de su conocimiento acerca de la maniobra que llevaron adelante quienes hoy enfrentan un juicio oral”.
El cuadro probatorio acumulado “no resulta de relevancia ni determinante para responsabilizarlos por los hechos que oportunamente se los vinculó al proceso”.
“No existe indicio alguno que permita suponer que los imputados cuya situación aquí nos ocupa hayan tenido un rol protagónico en la maniobra o en la dirección de las empresas con las cuales se vincularon algunos de ellos y que fueron utilizadas para perpetrarla”.
“Aún más, la mayoría de las firmas a las cuales se relacionaron tenían una actividad comercial concreta y real, es decir, no se trataban de las denominadas sociedades ‘pantallas’ creadas al solo efecto de canalizar recursos”, resumió el fallo.
