Tras el reclamo de las provincias y las empresas productoras y refinadoras, que incluso se tradujo en distintas medidas cautelares ante la justicia, el gobierno hizo una primera flexibilización al liberar a las petroleras la posibilidad de fijar los precios mayoristas y el viernes dispuso transferir un subsidio de $116,10 por barril de crudo.
Las acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de las provincias petroleras, o del fuero federal por parte de la petrolera Vista Oil & Gas y de los productores de biocombustibles, y un escenario de inseguridad jurídica a las inversiones que requiere Vaca Muerta sumaron argumentos a las cuestiones técnicas que en los últimos días anticipaban la medida.
El Gobierno informó esta tarde que el decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre habilita a la Secretaría de Energía a «dictar los actos que resulten necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo».
A raíz de las circunstancias previstas en la norma, la Secretaría entendió que las mismas «se vieron notablemente afectadas a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita».
El precio del Brent aumentó 14% en un día, la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%), a pesar que desde entonces retomó una senda a la baja, pero que permitió al Gobierno tomar como referencia para revisar la decisión inicial adoptada en medio de la volatilidad macroeconómica y cambiaria post PASO.
«Estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país», entendió el Gobierno al anunciar la autorización de los aumentos.
En ese sentido, explicó que con el objetivo de atenuar estos impactos, el gobierno autorizará «una suba del 4% de los combustibles, que entrará en vigencia desde el jueves 19 de septiembre».
A pesar del incremento autorizado, el precio de los combustibles -teniendo en cuenta el precio del crudo internacional y el tipo de cambio- mantiene un retraso de entre 20% y 35%, según el cálculo que se realice en las distintas petroleras o en el Gobierno.
