29 legisladores firmaron en apoyo a una ley que se opone al Código Penal.
Después de que el Senado nacional rechazará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), más de la mitad de los representantes tucumanos firmaron en apoyo a un proyecto de ley cuyo texto repudia la diferenciación entre «niños deseados» y «no deseados» y considera un acto de violencia que se induzca a una mujer a interrumpir el embarazo.
Durante el debate nacional, en Tucumán hubo marchas en contra de la despenalización del aborto y hasta la legislatura declaró a la provincia como «pro vida».
29 legisladores, tanto oficialistas como opositores, presentaron una iniciativa con el argumento de dar cumplimiento al artículo 146 de la Constitución, según el cual el Estado reconoce a la salud como «derecho fundamental de la persona», el «derecho a la vida desde la concepción».
En los casos de violación, el proyecto agrega la posibilidad de considerar “declaración falsa” el relato de la mujer y le otorga facultad a los médicos para hacer la denuncia ante la fiscalía de turno y pedir la intervención del Defensor de Menores. El único requisito es la “sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.
«En este proyecto de ley se sienta como Política de Estado la obligación de salvar las dos vidas. En tal sentido el Estado debe armonizar los derechos de la mujer embarazada con los derechos del niño por nacer, procurando buscar alternativas al aborto, entre ellas, además de la contención integral de la mujer, la adopción del niño», plantea el texto, firmado por los oficialistas Ramón Cano y Marcelo Caponio, entre otros, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y Claudio Viña.
No hay antecedentes normativos similares en el país. Desde 1921, el Código Penal Argentino contempla la posibilidad del aborto en caso de abuso sexual. Esa alternativa, incluso, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2012 a partir del fallo “F.A.L.”
Fuente: Datachaco.
