Que las provincias absorban con sus recursos parte del gasto social y de la obra pública, es una de las ideas que evalúa el gobierno nacional en la búsqueda por bajar el déficit fiscal de cara al Presupuesto 2019.
Según publicó El Cronista, una opción que está en estudio y que contaría con el visto bueno del presidente Mauricio Macri es que las provincias financien parte de los planes sociales y que esos montos sean descontados automáticamente de los giros que se hacen por la coparticipación. «Es una opción, se están estudiando varias líneas para no ajustar los fondos para las obras públicas. Las ideas apuntan a que las provincias se hagan cargo de cuestiones donde Nación pone fondos», confiaron los voceros.
Otra fuente del Ejecutivo nacional explicó que ir por este camino «puede ser como no, aún eso no está resuelto. Hay que esperar hasta que se dé el primer intercambio con los gobernadores y se definan cuáles son los ejes para bajar el déficit».
Desde varias administraciones provinciales consultadas por El Cronista negaron que en los encuentros con el presidente les hayan comunicado esa idea. Pero, de todas formas, la descartaron de plano. «Hasta ahora no nos adelantaron nada respecto de este punto», reconoció el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a la salida del encuentro con el presidente Macri. «Sería complicado», agregó.
«Si deciden ir por ese camino muestran una gran falta de imaginación», explicó un ministro de Economía de una importante provincia. «Si lo quieren hacer debería ser acordado, porque si lo imponen lo más seguro es que las provincias vuelvan con los juicios contra el Estado nacional», agregó.
En la misma línea, se mostraron otras dos administraciones provinciales que, luego de asegurar que no fueron comunicados de esta posibilidad, negaron que la fueran a aceptar.
¿Modifican la relación del financiamiento?
Como en el oficialismo no paran de repetir que «ahora las provincias cuentan con más fondos» por la devolución de los fondos de la coparticipación, «hoy reciben un 35% más que en 2016»; quieren que el aporte sea mayor ya que, explican, la reducción del déficit «no va a ser solo sobre un tema, puede ser impositiva, social, en obras. Tiene que haber un compromiso de todos».
En ese contexto, la discusión está dada en las transferencias y en el pedido que absorban más gastos. En ese aspecto, la otra opción que está en estudio es la de modificar la relación del financiamiento de la obra pública entre Nación y provincia.
«Hoy el financiamiento es dos tercios (Nación-provincias) y puede ser que se reformule y se replantee, por ejemplo que sea 60%/40%». Respecto a este punto en particular, Urtubey se mostró más permeable. «Es un tema que es razonable discutir», señaló.
En las provincias consultadas también se mostraron más «amigables» a la alternativa de financiar parte de la obra pública antes que aceptar absorber los planes sociales. «La verdad es que es más fácil de discutir porque la mayor cantidad de obra pública está concentrada en distritos de Pro-Cambiemos», reconocieron desde una provincia del centro del país.
Concentración del gasto
Según un informe del Iaraf, el Presupuesto 2018 establece que el 25% del gasto no tiene una asignación provincial específica, pero del resto, el 42% del gasto presupuestario se concentra en Buenos Aires (22%) y en CABA (20%). Luego aparecen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%).
Es más evidente esta concentración cuando se observa la columna de gasto de capital que se compone con Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, lo que define la inversión en obra pública que este año estaba estimado en $ 210.941 millones (1,7% del PBI). De ese monto, el 38% no tiene una asignación específica a provincias (son nacionales o interprovinciales), de la porción definida, nuevamente Buenos Aires (15%) y CABA (10%) son los principales destinatarios, seguidos por Santa Fe (4,6%) y Río Negro (3,2%).
La opinión de economistas
Economistas consultados por La Nación, en una nota firmada por Andrés Krom, coinciden en que las obra pública se verá aún más perjudicada, pero no será la única destinataria de los ajustes. «Hay que hacer un poco de todo», aseguró María Castiglioni Cotter, directora de C&T. «Tendrá que replantearse cuándo se van a ejecutar algunas de las obras y recortar las transferencias no automáticas a las provincias», sostuvo.
También dijo que es necesario mantener lo que está actualmente presupuestado en materia de tarifas. «El presidente deberá vetar el proyecto que las retrotrae si sale, es un sector donde el ahorro será muy importante. Además, seguramente se va a analizar la cantidad de trabajadores y salarios en el Estado; ahí va a haber un efecto sensible sin duda en los sectores donde se ha ido implementando el control de empleados y productividad».
Con ella acordó Eric Ritondale, de Econviews, quien dijo que «la candidata sigue siendo la obra pública y algunos gastos operacionales del Estado, porque sobre el resto de los ítems, como es el caso de las jubilaciones, la flexibilidad que tiene es nula».
En similar sentido, Amilcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur) dijo que «seguramente parará la obra pública. Hay un efecto de sustitución con esto de las PPP (Participación Público-Privada), aunque no creo que uno suplante al otro.»
«Las primeras partidas por las que vendrán las aceleraciones en el recorte serán gastos de capital, relacionados con la obra pública y en línea con la apuesta oficial por los proyectos PPP, los subsidios económicos [como los que se destinan al gas y a la electricidad], donde el recorte puede ser de 0,8% del PBI y esfuerzos por el lado de provincias, con miras a la reducción de las transferencias discrecionales. A eso se le podrían sumar otras partidas, como aquellas de otros gastos de funcionamiento y gastos corrientes varios», sentenció por su parte Irina Moroni, de la Fundación Capital.
La especialista también se refirió a los efectos de la devaluación en las cuentas fiscales. «Prevemos efectos más benignos que malignos sobre el déficit. Por un lado, se incrementan algunas partidas del gasto como subsidios, mientras por otro se incrementan algunos ingresos como los tributos al comercio exterior», añadió.
Según Castiglioni, «el tema es que muchos intereses de la deuda se encarecen porque están en dólares. El tipo de cambio, más que beneficiar al Gobierno, le da oxígeno a la competitividad».
Fuente diario norte
