A tres años de la muerte de Alberto Nisman, la libertad de Cristina Kirchner depende de sus colegas senadores. El fundamento central es la denuncia que realizó el fiscal, asesinado, según la Justicia. Todos los exfuncionarios acusados de encubrir a Irán en la causa AMIA a cambio de buscar la impunidad de los sospechosos por el atentado terrorista y otros nuevos sospechosos están presos con prisión preventiva o procesados en una causa que va camino a ser elevada a juicio oral en el primer trimestre de este año.
Si todo sigue este curso, a fin de 2018 o en 2019 la expresidenta Cristina Kirchner -libre solo porque la protegen sus fueros de senadora- podría estar enfrentando un juicio por encubrimiento agravado.
La acusación se extiende a Carlos Zannini, su exsecretario Legal y Técnico que está preso; al excanciller Héctor Timerman, a su exjefe de inteligencia Oscar Parrilli, a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, al exnúmero 2 de la SIDE Juan Martín Mena, al diputado Andrés Larroque, a Eduardo Zuain, a Jorge Khalil, y a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, los dos presos.
Un argumento decisivo por el cual la Justicia confirmó la prisión preventiva de Cristina Kirchner y las acusaciones contra el resto de los acusados es que su denunciante, Alberto Nisman, murió asesinado y en la víspera hubo un incendio en la Casa Rosada que eliminó el registro de visitas, lo que fue tildado de sospechoso. Los camaristas enumeraron una sucesión de hechos que enmarcaron la denuncia y la muerte del fiscal.
Estos son:
- Nisman firmó su denuncia el 13 de enero de 2015 y la presentó al día siguiente. Pero inmediatamente se activó un canal alternativo de comunicación y los «involucrados» fueron convocados a reunirse con Carlos Zannini u Oscar Parrilli, dos altos funcionarios de gobierno que estaban entre los denunciados.
- El 17 de enero, cuatro días después, hubo un incendio en la Casa Rosada que afectó el sistema y se perdieron los registros de aproximadamente 130.000 visitas, incluido el período investigado.
- El 18 de enero se encontró el cuerpo sin vida de Nisman en su departamento, luego que falleciera a raíz de un disparo de bala y la Justicia entendió por ahora que se trata de un homicidio.
- A través de Carlos Zannini, en 2012 y 2013, Cristina Kirchner ordenó a quienes investigaban en la SIDE el ataque a la AMIA que dejaran de sumar pruebas y un mes antes de la denuncia del fiscal Nisman, la expresidenta designó a Parrilli y Juan Mena al frente del organismo de inteligencia, por lo que podían acceder a toda la evidencia de la causa AMIA que estaba allí archivada. «Gran parte de los indicios invocados por Nisman (escuchas) se habían obtenido en esa sede (Inteligencia)».
- El juez que intervenía en la denuncia de Nisman no había recibido el dictamen del fiscal que impulsaba el caso, cuando el 13 de febrero, a primera hora, se presentó Angelina Abbona por la Procuración del Tesoro (que defiende los intereses del Estado) para rechazar las acusaciones contra Cristina Kirchner en la causa. Esos documentos que aportó fueron «sugerentemente incompletos», pues solo aporta el escrito de Timerman donde dice que se mantendrían las circulares rojas de Interpol contra los iraníes y no el que lleva la firma del canciller argentino y su par iraní que dice que son objeto de un memorándum de entendimiento.
- La última de las evidencias que convenció a los camaristas de que había que mantener las detenciones es la escucha telefónica en la cual Cristina Kirchner le dio a Oscar Parrilli una directiva enfática: «Hay que salir a apretar a los jueces».
La denuncia de Nisman permaneció dos años congelada, sin moverse, por controversias entre jueces y fiscales que entendieron que no tenía entidad para ser investigada. El fiscal Gerardo Pollicita la impulsó, pero el juez Daniel Rafecas la archivó.
El expediente subió hasta la Cámara de Casación y allí el fiscal Javier de Luca compartió la idea del juez y sin impulso fiscal, el caso terminó desestimado.
Familiares de víctimas de la AMIA se presentaron en una causa paralela que seguía el juez Claudio Bonadio contra Timerman por traición a la patria, y dijeron que era conexa con el caso de Rafecas.
Así, en una medida que las defensas denunciaron como de «fórum shopping» (maniobra para elegir al juez más amigable para el caso), lograron darle nueva vida a la denuncia de Nisman.
Bonadio avanzó donde Rafecas no quería y el fiscal Pollicita, en nueve meses, investigó la denuncia del fiscal muerto y pidió las indagatorias de los procesados. En este tiempo sumó a las escuchas que había obtenido Nisman como prueba, la geolocalización de estas llamadas, es decir, comprobó que por ejemplo cuando D’Elía decía hablo desde gobierno, su celular se activaba en una antena cercana a la Casa Rosada. Además recogió medio centenar de testimonios de diplomáticos y documentos de Interpol que respaldaron su acusación.
Así se consolidó el caso y Bonadio, el 7 de diciembre, procesó a todos, sumó a Zannini y dictó prisiones preventivas. Lo calificó como traición a la patria, un delito gravísimo que la Cámara modificó por el de encubrimiento agravado.
El 21 de diciembre, los camaristas confirmaron los procesamientos con prisión preventiva con esta nueva calificación. Dijeron además que la firma del pacto con Irán, que para Nisman es la clave del encubrimiento porque dijo que pretendía dar de baja a los pedidos de captura de los iraníes prófugos por el atentado, no es una decisión de política exterior no judiciable, sino que se trata de un delito que buscó sacar el caso de las manos de la Justicia argentina. Y que las charlas de Khalil y D’Elía con iraníes constituyeron «vías clandestinas» de comunicación, pues operaban en suelo argentino con financiamiento de autoridades de Irán y tenían contacto con Moshen Rabbani, prófugo por el ataque a la AMIA. Luis D’Elía operó como verdadero transmisor a Khalil de mensajes que provenían de Cristina Kirchner y otros miembros del gobierno, dijeron los jueces.
Con ese fallo, el propio Bonadio cerró la instrucción, es decir, entendió que no había nada más que investigar y lo firmó cuando faltaban 5 días para el brindis de Año Nuevo.
El juez decidió habilitar la feria judicial de verano para avanzar en el proceso de elevación a juicio de la causa.
Los acusados, los querellantes y la fiscalía deben decir si están de acuerdo o no con la elevación a juicio y luego resolver.
Al habilitar las vacaciones, el juez Bonadio pretende acelerar los plazos para que el caso esté en manos de un tribunal oral en el primer trimestre de este año.
Fuente: diario Tag
