A diferencia de la postura tomada por el Gobierno Nacional de Javier Milei, en Chaco, el flamante oficialismo parece decidido a llevar a la herencia kirchnerista a los Tribunales. Esta semana, el diputado de Juntos por el Cambio, con gran cercanía con el espacio libertario, Iván Gyoker, denunció a dos dirigentes de extrema confianza de Jorge Milton Capitanich por el supuesto negociado de la obra pública realizado en el barrio popular «La Rubita» en las inmediaciones de Resistencia, capital chaqueña. Según el dirigente de Juntos por el Cambio, de las 170 viviendas prometidas durante la gestión de Coqui, sólo cinco casas cuentan con los servicios básicos.
La construcción de viviendas en ese barrio popular fue una de las excusas elegidas por el ex presidente Alberto Fernández para viajar a Chaco y elogiar el magnífico proyecto de inclusión social de Capitanich, a pesar de su escandaloso manejo en el programa Sueños Compartidos, en el que terminaron procesados los hermanos Schoklender y la difunta Hebe de Bonafini. En Chaco, se manejaron 1 de cada 3 pesos que ingresó a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo por un monto total de 432 millones de pesos al tipo de cambio del año 2010 -en ese entonces, el dólar oficial cotizaba 3,82 pesos-. O sea, que el gobierno de Capitanich había recibido 113 millones de dólares al valor actual.
La Justicia investiga el rol de la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Marta Soneira, en la posible estafa de la construcción de viviendas en La Rubita. En 2021, Soneira sostenía que son «grandes obras que se están construyendo rápidamente» y Capitanich aseguraba que se habían invertido más de 40 millones de pesos para cambiarle la vida a la gente. El proyecto fue tan promocionado, que Alberto Fernández se sumó al anuncio de urbanización del barrio pues, según el ex presidente: «La Rubita no es un barrio más, sino que es uno de los más grandes porque viven 3.000 personas y nosotros queremos urbanizarla porque le vamos a dar dignidad a a las personas que viven ahí». Sobre el financiamiento del proyecto, el ex mandatario aseguraba que se sostenía en los impuestos a las grandes fortunas implementado durante la pandemia.
La coordinadora del proyecto definía quiénes eran las organizaciones sociales que participaban en la construcción de las viviendas y en la urbanización del barrio. El mismo sistema de corrupción de la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuando tercerizó la construcción en punteros políticos locales como Emerenciano Sena y Marcela Acuña, durante el año 2010. Sena y Acuña están procesados y detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La coordinadora elegida por el gobierno de Capitanich era la tesorera de la organización social que manejaba su propio hijo. Los montos eran actualizados sistemáticamente de tal forma que se pasó de $40 millones de inversión a $207 millones para entregar solo cinco viviendas sociales.
¿Qué dijo el gobernador Leandro Zdero?
Consultado por este cronista sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre Capitanich, el actual gobernador Leandro Zdero aseguró: «Hubo complicidad de muchos dirigentes que se callaron mucho tiempo, encontramos galpones llenos de insumos tirados, otro con drogas de alto valor para la medicina, vamos a avanzar con todas las denuncias por la herencia que recibimos, por la situación que estamos atravesando en la provincia, es grave».
Mientras la Justicia avanza en los allanamientos en el barrio La Rubita, en otra causa judicial, el dirigente social Carlos Barraza fue detenido luego de tres allanamientos en sus propiedades en las que se incautaron materiales de construcción, tractores, decenas de bicicletas que debían entregarse a los beneficiarios, entre otros elementos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social chaqueño». Según Zdero, en declaraciones realizadas en La Mañana de El Observador, «los dirigentes sociales se convirtieron en gerentes de la pobreza, en las que tenían flota de camiones como el Clan Sena y nosotros cumplimos con la orden judicial para que avance contra Barraza que evidencia el gran manejo de recursos y el poder de tener a mucha gente siendo gerentes de la pobreza. No vamos a conciliar ni seremos cómplices de una situación que arrastró al Chaco a ser la provincia más pobre del país».
El abogado que representa al dirigente Carlos Barraza, José Galassi, ex letrado de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, aseguró que Barraza es un «preso político» y que su defendido tiene «toda la documentación que respalda sus dichos». Barraza, antes de ser detenido, aseguró que el Gobierno de Zdero lo quería meter preso para evitar que se presente como diputado en el año 2025. Se trata de los mismos argumentos esgrimidos por el Clan Sena. El dirigente explicó: «Claramente, no soy un delincuente pues sino hubiese vendido todas las herramientas que me dio el Gobierno».
En Chaco, la tercerización de la obra pública en dirigentes sociales generó media docena de causas judiciales y la detención de sus principales supuestos representantes de los que menos tienen. El panorama no es muy diferente a lo que sucede con los movimientos sociales a nivel nacional. Sin embargo, en las tierras que gobernó Capitanich durante una década, parece existir voluntad política para ir a fondo contra los «gerentes de la pobreza».
