Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio realizó una nueva denuncia por Violación a la Ley de Ética Publica contra la exministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana, donde se detalla que la funcionaria además de dirigir un organismo estatal, presidía una fundación que recibía fondos millonarios del Gobierno, lo que implica un «conflicto de intereses».
En la presentación se hace extensiva la responsabilidad a María Graciela Cavana, madre de María Pía y contra quienes resulten responsables por de la violación a la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública, a la vez del Incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o los ilícitos.
La fundación puesta en foco es «Paulo Freire», la cual fue presidida por Cavana hasta el 2021, es decir en paralelo a su mandato frente al Ministerio de Desarrollo Social, que fue ejercido de 2019 a 2023. Dicha entidad habría recibido un total de 290 millones de pesos de fondos públicos.
Es así que en la denuncia se detalla que la exministra incurrió en un incumplimiento de la le que establece la obligación de «abstenerse de intervenir en aquellas actividades, que puedan generar un conflicto de intereses con la función que desempeña».
Además, esto que implica según la el documento expuesto por el oficialismo «un evidente y flagrante conflicto de intereses para con el cargo de ministra de desarrollo social que poseía». Se detalla también que los familiares de Cavana continúan al frente de la fundación y también poseen relación con el Estado provincial, por lo que nuevamente «podría configurarse un incumplimiento de los deberes de funcionario público», ya que la exministra actualmente se desempeña como diputada.
Los legisladores que firmron la denuncia son Zulema Wannesson, Sebastián Leonardo Lazzarini, Sorys Lilian Arkwright, Rodrigo Patricio Pavón, , Maida Gabriela With, Carim Antonio Peche, Zulma Galeano, Carlos Salom, Ivan Gyoker y Samuel Vargas.
