Una suba importante en los impuestos (y los precios de venta al público), reglas más parejas para todos los jugadores y un guiño para los cigarrillos electrónicos y los vapeadores son las primeras conclusiones que hicieron en la industria tabacalera del capítulo que le dedica al sector el proyecto de ley ómnibus que se acaba de conocer.
El texto que se acaba de conocer incluye en su sección número IV diez artículos que introducen cambios en materia impositiva para el tabaco y los cigarrillos. El más importante es el número 190 que aumenta en tres puntos la alícuota del impuesto interno, que pasará del 70 al 73%. La suba de tres puntos es relevante ya que el cálculo del impuesto se realiza sobre el precio final del paquete. Con la vieja alícuota, por cada paquete de cigarrillos que se vende en un quisco, el 70% va a parar a manos del fisco. Es decir que de los $900 que paga el fumador, el Gobierno se lleva $630, y los restantes $270 se los dividen entre la empresa fabricante y el punto de venta. Con la suba del impuesto interno en tres puntos, el incremento en el precio del cigarrillo superaría largamente el 3%, ya que la única forma que tendría la industria -es decir, los fabricantes y los comercializadores de cigarrillos- de mantener constantes sus ingresos en pesos sería aplicar un aumento en el precio de venta al público del orden del 11 por ciento.
“Tres puntos pueden parecer poco pero implica mayor presión impositiva, que ya estaba en niveles muy altos. Con el cambio los impuestos representarán el 80% del valor de un paquete de cigarrillos, incluyendo todos los gravámenes, e indefectiblemente se trasladará al precio del consumidor”, explicaron en la industria.
El otro cambio importante es la eliminación de la ley del impuesto al precio mínimo para los cigarrillos que había sido aprobada en 2017. Esta norma había sido cuestionada por uno de los principales jugadores del mercado, Tabacalera Sarandí, que obtuvo en los últimos seis años diferentes cautelares para evitar el pago. En el sector sostienen que el no pago de este impuesto explica el fuerte incremento que tuvo Sarandí en su participación de mercado, al punto de convertirse en la segunda empresa del sector, desplazando a la multinacional BAT.
El texto de la ley incorpora un parámetro de idoneidad para el precio de venta al consumidor informado por los sujetos que pagan internos, con una tolerancia máxima del 20% si el precio informado por los contribuyentes es inferior al relevado por el gobierno”, precisó la tributarista Florencia Fernández Sabella, socia del estudio LFS Tax.
En los hechos, esto significa que más allá de lo que declaren las empresas acerca de sus precios de venta al público, el Estado aplicará el impuesto sobre los valores reales que releve en la calle. A través de este tipo de maniobras, desde 2017 a la fecha las tabacaleras que lograron las cautelares le dejaron de pagar al fisco más de US$2000 millones en concepto de impuestos.
El texto también incorpora una norma que quita discrecionalidad al Poder Ejecutivo para modificar la alícuota de los impuestos. En la ley vigente hasta ahora, se podían introducir cambios por decreto. “En la nueva ley se elimina la posibilidad de que el Ejecutivo aumente esa alícuota en hasta un 25% o la disminuya en máximo un 10%, lo cual no deja de ser una señal positiva porque quita discrecionalidad”, señaló Fernández Sabella.
El último artículo que impacta en la industria tabacalera es el que incorpora a los “cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos” a la ley de impuestos internos, con una tasa del 20%.
Hasta el momento, la comercialización de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no está autorizada en la Argentina, así que la incorporación de este tipo de dispositivos al régimen impositivo es vista en la industria como un guiño a sus pedidos. Sin embargo, en el texto de la ley ómnibus se precisa que la aplicación del impuesto regirá para los dispositivos “debidamente autorizados para su comercialización”
Fuente la nacion
