Este miércoles al mediodía, efectivos policiales de la División Microtráfico Metropolitana se acercaron a la intersección de Av. Alvear y Mac Lean, en cercanías a la Sociedad Rural, tras recibir información de que «un vehículo color blanco, dominio OBM680, andaría comercializando estupefacientes «.
Es por eso que montaron un operativo en la zona, pudiendo visualizar al rodado en el que se encontraban un hombre y una mujer. Al interceptar al vehículo, el conductor de 29 años exhibió una cedula de identificación a nombre de Walter Liva, pareja de la dirigente social Vanesa López, ambos imputados por el presunto delito de lavado de activos.
Tal como informó Diario Chaco , en el vehículo que se sospechaba era utilizado para la venta de drogas, la Policía no encontró ningún estupefaciente sin embargo descubrió que el mismo era buscado por la Justicia Federal en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Patricio Sabadini.
El auto que terminó secuestrado era buscado desde el año 2021 por un pedido de secuestro que estaba activo vinculado a la causa 507/21, en la que interviene el Juzgado Federal N° 2, por parte de la División Delitos Económicos de esta ciudad.
La causa surgió de una investigación a López y su pareja Liva, quienes tienen otros antecedentes penales en trámite, y a quienes en el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal se les atribuye «la realización de maniobras vinculadas al delito de Lavado de Activos, tras la obtención de fondos de origen ilícito y su puesta en circulación en el mercado, a partir de la adquisición de numerosos vehículos y moto-vehículos, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud».
La referente social del Barrio Toba, detalla el documento judicial, «habría realizado maniobras típicas del delito de «lavado de dinero», junto a su concubino Walter Liva y su hermano Claudio Rubén Ojeda, tras la adquisición de numerosos vehículos automotores y motocicletas, no condiciendo dichos incrementos patrimoniales con sus perfiles laborales, fiscales y económicos de los cuales surgen que registran ingresos como empleados públicos de la Provincia del Chaco, percibiendo -según recibos de haberes correspondientes al mes de Febrero/2021-, un sueldo neto la Sra. López de $22.782,14, el Sr. Liva de $19.437,94 y el Sr. Ojeda de $32.086,81 . No surgiendo la realización de otras actividades económicas que le permitan justificar las enormes erogaciones dinerarias para la adquisición de dichos vehículos».
De los datos expuestos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) e informe de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) se desprende que Vanesa López tiene registrados 10 vehículos de los cuales tiene la titularidad del 100% en 6 de ellos, en dos la comparte con su pareja y en otros dos tiene cedula azul.
Walter Liva tiene dos autos a su nombre, otros dos con los que comparte la titularidad con su pareja y una más en el que tiene cedula azul y que le pertenece a Claudio Ojeda, hermano de la dirigente social.
Finalmente, Claudio Ojeda tiene la titularidad en dos Ram Pick Up y la cedula azul del vehículo de su difunda esposa.
CÓMO SURGIÓ LA INVESTIGACIÓN
La intervención de la Justicia federal inició cuando tomo trascendencia pública que Vanesa López habría llevado adelante «la presunta desviación de mercaderías y su venta a terceros a partir de cuya actividad ilícita podría colegirse la obtención de importantes ganancias espurias». Dichas mercaderías serían las que recibía en calidad de dirigente social por parte del Ministerio de Desarrollo Social para distribuirlas en el Barrio Toba y -posiblemente- otras localidades del interior.
En el requerimiento del Ministerio Público Fiscal se mencionan otros expedientes y también recortes periodísticos en los que un vecino del barrio Chillili, el 22 de diciembre de 2014, acusó ante la Secretaría de Derechos Humanos a Vanesa López de «vender drogas en el barrio y usar niños menores para distribuir a consumidores de la zona «.
A partir de declaraciones indagatorias expuestas en el requerimiento de elevación a juicio, surge que López y Liva reciben mercaderías de Desarrollo Social «hace muchísimos años, como así que ellos habrían contratado al fletero para el traslado de la mercadería, Hugo Moreno, expresando que, a veces le pagaban en efectivo y otras con vales de nafta, no tenían monto fijo le daban 10, 12 o 15 mil pesos, y cuando era en efectivo le pagaban «de su bolsillo»; circunstancia que suma incongruencia y revela el despliegue económico que detentaban los encartados, que resulta claramente discordante con sus ingresos mensuales como empleados públicos, donde en ese período (Febrero/2021) oscilaban los $30.000″.
Para Sabadini, de las pruebas reunidas «surgen las claras inconsistencias patrimoniales respecto de los ingresos lícitos registrados por cada uno de los imputados, que no permiten justificar el significativo incremento patrimonial que importa la adquisición de los bienes identificados».
El MPF denunció también que «López desde el inicio de las investigaciones que fueron recayendo sobre su persona, fue desprendiéndose de los vehículos a punto de quedarse únicamente con moto-vehículos (5 unidades s/ informe de AFIP) registrados al 100% de su titularidad y con 1 automóvil».
Fuente diario chaco
