Tras 9 audiencias, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pedirá que la vicepresidente condenada a una pena de prisión y planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.
En la última audiencia, los fiscales Luciani y Sergio Mola calificaron a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita que pergeñó durante sus mandatos, y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba obras que no finalizó y que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
El artículo 174 del Código Penal, prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable, «si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua».
Hasta el momento se desconoce cuántos años pedirá Luciani de prisión, aunque estiman que podría ser de entre 7 a 16 años.
Entre los imputados en la causa están también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.
Los tres fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.
Además, están imputados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 «Santa Cruz» de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
