Se encuentra en la etapa final el juicio a 26 exfuncionarios, comerciantes y profesionales por lavado de activos provenientes de la corrupción del Estado, entre los que se encuentran Horacio Rey (exsecretario general de la Gobernación), Roberto Lugo (exministro de Desarrollo Social) y Gustavo Katavich (excoordinador del Fideicomiso de Administración Pauta Publicitaria Oficial, FAPPO). Todos están acusados de formar parte de una organización que usó una compleja ingeniería financiera.
El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, presidido por Eduardo Belforte. Los conjueces son Enrique Bosch y Rubén Quiñones.
Por el momento, los imputados continúan con prisión preventiva domiciliaria. No obstante, de acuerdo con el fiscal federal Federico Carniel, quien lleva adelanta la acusación, la privación de la libertad vence este jueves 31 de marzo.
Mientras tanto, los acusados siguen prestando declaraciones a la vez que avanza el juicio. “Consideramos que más allá de lo que ellos declaren nuestra posición es sólida y está bien fundada, sobre todo sobre el bagaje probatorio que tenemos para llevar adelante la acusación”, aseguró por su parte el fiscal Carniel en diálogo con Noticiero 9 Federal.
El funcionario judicial agregó en esta línea: “Estimo que en breve, dentro de la primera quincena del mes de abril empezaremos con los alegatos.”
Consultado sobre la acusación, Carniel subrayó que es principalmente “por el delito de lavado de activos y la asociación ilícita”, aunque todavía evalúan las penas que solicitarán para cada imputado. No obstante, aseguró que se basan en “ilícitos precedentes de los distintos juicios que se hicieron en la provincia, donde ya hay gente condenada”.
Por otra parte, el fiscal se refirió a los retrasos que sufrió el juicio por lavado de activos a Horacio Rey y el resto de los imputados, sosteniendo que “no fue a causa de la actividad del Ministerio Público Fiscal sino por las decisiones que tomó el tribunal”. El proceso debía haber iniciado en septiembre del año pasado, pero lo prorrogaron y comenzó el 9 de febrero pasado.
“Es una batalla. Son las características de nuestra jurisdicción”, dijo al respecto Carniel. Y agregó: “Lamentablemente, estamos dependiendo de jueces de otras jurisdicciones, de acomodamiento de tribunales. Pero me parece que justamente en este tipo de causas donde se ve corrupción, lavado de activos, es donde más finos tenemos que estar porque la respuesta que debe dar el Ministerio Público es muy sensible para el resto de la sociedad y debe tener un mensaje especial y un fin preventivo, que es lo que queremos mostrar.”
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