La supuesta estafa al Estado con la venta ilegal de vehículos del erario público está siendo investigada también por la Justicia federal, además de por la provincial. Al respecto, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, aclaró en N9 Federal que «concretamente lo que estamos investigando es el uso y falseo del instrumento público».
Según los avances que se lograron en la causa hasta el momento, hay 16 personas investigadas, incluyendo funcionarios públicos provinciales, personal de las fuerzas de seguridad y martilleros públicos.
El fiscal también dio detalles de cómo habrían procedido los autores de esta estafa al Estado, ya que los vehículos en cuestión debían haberse dado de baja y vendido en subastas legales. «En un primer momento se pensaba que los decretos eran falsos, pero no. Los decretos son originales. Lo que se estima y se sospecha que se fraguó son los anexos, con contradicciones muy llamativas«, apuntó Sabadini.
Entre las múltiples maniobras que se utilizaron, el fiscal mencionó transferencias a empresas que en ese momento no estaban constituidas y «prestanombres». «Tengo una guerra de maniobras, y se siguen sumando denuncias», agregó en diálogo con N9 Federal.
Además, Sabadini explicó que las ventas de vehículos del Estado con documentación apócrifa se habría dado no solo en Resistencia sino también en otras jurisdicciones. La primera denuncia, que fue la que hizo saltar la investigación, fue la del titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Víctor Adrián Veleff. Pero el fiscal federal comentó a este medio que «en las últimas horas he tomado conocimiento que registros de otras jurisdicciones donde están pendientes de aprobación transferencias vinculadas con estos vehículos».
Respecto a la continuidad de la investigación, Sabadini señaló que «una vez que podamos recabar los elementos restantes que estamos solicitando a algunos organismos públicos, como testimoniales, podremos ver si hay un plafón». Posteriormente se podrán tomar las indagatorias a los implicados.
Esta investigación había iniciado a finales de junio, con la denuncia de Veleff y la de la secretaria de Gobernación, Noelia Canteros. Notificaron a la Justicia que se detectaron en circulación vehículos que debían estar en el depósito del Estado y posteriormente ser vendidos en remates. Los rodados habían formado parte del parque automotor y motovehicular de la Policía del Chaco.
