Un preso de Sáenz Peña, condenado por abuso sexual, habría sido víctima de una violación en 2017 a manos de otro interno mientras se encontraba en el Complejo Penitenciario N°2. Producto del abuso, ahora junto a su abogado reclaman al Estado más de 11 millones de pesos como indemnización por daño moral u físico.
El juicio que condenó a la víctima se realizó en 2019 y lo sentenció a 12 años de prisión por «supuesto abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos en tres hechos en concurso real».
El abogado Daniel Burlli asumió la defensa del hombre en la cuestión penal y ahora también lleva adelante el reclamo de indemnización, según comentó él mismo a Diario Chaco.
«Este hecho ocurrió en el año 2017, donde mi cliente fue abusado con acceso carnal bajo amenaza de muerte sobre su persona. El caso fue corroborado y comprobado, y consideré que es responsabilidad del Estado de cuidar a los internos que están alojados en los pabellones», señaló Burlli.
Respecto a la denuncia del interno, el abogado aseguró que «el abuso está comprobado». También señaló que «la materialidad no se va a poder discutir teniendo en cuenta que el autor del hecho pidió un juicio abreviado donde reconoció la materialidad del mismo».
«No tengo que probar nada, ahora estamos trabajando sobre el daño que esa acción provocó en mi cliente», afirmó la defensa.
Cabe resaltar que tanto el fuero civil como el contencioso en lo administrativo se declararon incompetentes, por lo que ahora, el Superior Tribunal de Justicia deberá definir en cuál de los dos se tramita la demanda.
El pedido de indemnización fue presentado en 2020 ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que se declaró incompetente por considerar que se trataba de un supuesto de responsabilidad del Estado por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El expediente derivó en la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, el 15 de marzo último, también se declaró incompetente.
Para Burlli, el Superior Tribunal de Justicia decidirá que la competencia caiga en el Juzgado Civil y Comercial de Sáenz Peña: «No tengo dudas de eso», aseguró a este medio, y agregó que, en su momento, la fiscal Natacha Afanazenko había dictaminado que «no existía conflicto administrativo».
Según la defensa, la demanda está en sus inicios. Aún así, señaló que poseen una prueba material: «El reconocimiento del autor, que está con un juicio abreviado, donde reconoce la materialidad del acto, es decir que está configurado y el daño está hecho, comprobado y demostrado».
«Los daños son inconmesurables, por un lado está el daño moral y el daño físico, porque tuvo acceso carnal contra su voluntad», manifestó.
El caso
Según expresó el abogado, su cliente fue amenazado de muerte por otro interno: «Lo amenazó con una chuza en el cuello y lo accedió carnalmente. En su momento se realizó la correspondiente denuncia penal y luego fue reconocido por el autor del hecho».
