El Fiscal Federal de Sáenz Peña Carlos Amad, en contacto con Diario Chaco, explicó el avance de la investigación de uno de los primeros casos que se dio en la provincia respecto a funcionarios públicos que accedieron al IFE indebidamente. Se trata de autoridades de Villa Río Bermejito.
«Recibimos la documentación que la analizamos, la cruzamos muy concienzudamente con el equipo de trabajo de la Fiscalía de Sáenz Peña y le presentamos un escrito al Juez este martes, donde pedimos que se llame a indagatoria a las personas que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia sin reunir los requisitos», señaló el fiscal.
Al menos unas 150 personas intentaron acceder al beneficio indebidamente y el fiscal pidió que se les impute por el delito de «Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Falsedad Ideológica de Instrumento Público».
Sobre las personas investigadas, dijo que «son funcionarios públicos, empleados públicos, hay de todo, de las localidades y municipios que pertenecen a la Jurisdicción del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Enrique Urien, Miraflores y Samuhu».
Tras el pedido de indagatoria, será primero evaluado por el Juez Federal de Sáenz Peña.
(Uno de los pedidos de indagatoria contra una funcionaria de Villa Río Bermejito)
«Las pruebas que fueron recabadas en un mes y medio aproximadamente, armar y estudiar el caso para lo cual se realizó todo el recorrido desde el momento del cobro del beneficio, se realizó todo el análisis de la prueba, pero el Juez deberá evaluar si las pruebas presentadas son suficientes para darme la razón», dijo el Fiscal Amad y aseguró: «Si el Juez está de acuerdo y corre la imputación, obviamente que se van a hacer las indagatorias».
Al ser consultado sobre si algunas de estas personas podría ir a prisión, afirmó que «en principio se trata de una prisión en suspenso ya que hay que ver las penas, penas accesorias, hay que ver un montón de cosas, pero prisión no, salvo que haya alguno que sea reincidente o haya alguno que haya sido condenado por algún otro delito y ya haya recibido pena en suspenso. Hay que ver una serie de cosas, no son la mayoría».
También aclaró que él tampoco pidió la detención de estas personas ni las pedirá porque considera que no corresponde.
Por último, el fiscal aseguró que continuará investigando hasta las últimas consecuencias porque «se trata de un delito grave que está cometido desde la función pública y en su propio favor. Es particularmente grave».
