Contradiciendo las pautas de las organizaciones de Transparencia y Derechos Humanos más reputadas del planeta, la vicepresidenta Cristina Kirchner actuó sobre un área relevante para un país regido por el Estado de Derecho acorde al siglo XXI. La que se dedica Acceso a la Información Pública. Son normas que permiten a los ciudadanos obtener documentos estatales para conocer cómo trabaja un Gobierno.
Ocurre que las políticas que impulsó Fernández (Cristina) sobre esta variable van en sentido contrario total a las que se ejecutan en países de plenas libertades cívicas. Desde que el PJ volvió al poder, la vice se ocupó de imponer, entre otros, a dos dirigentes de mayor confianza en cargos claves en el Ministerio de Justicia.
Así tiene poder sobre los pedidos de acceso a la información pública de documentación que podría comprometerla en la Justicia. Esa “guardia pretoriana” de la vice está integrada por el secretario de Justicia, Juan Martin Mena, ex subjefe del espionaje nacional, y por el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen. Este funcionario asesoró en cuestiones legales a la familia Kirchner, sobre todo, en las causas judiciales vinculadas a empresas a las que ahora él tutela desde el Estado. Ambos ya dieron muestras de sus objetivos, al menos en lo que respecta a la información pública, estatal, que podría obtener cualquier ciudadano.
Entre otras medidas similares, le negaron a la abogada Silvina Martínez el acceso a los papeles del llamado Instituto Patria, la sede central del “cristinismo”. LA IGJ no los divulgará.
El “Patria” no es solo una oficina en la que trabaja la vice. Es un centro de formación de políticas investigado en la Justicia por posible financiamiento irregular.
¿Quién fue el ejecutor de esta negativa a dar información, que no parece ser una muestra de transparencia? Juan Martín Mena.
Martínez rastrea desde hace meses pistas sobre el “Patria”, y sobre muchas otras empresas vinculadas a la vice. Junto a la ex diputada Margarita Stolbizer, presentaron varias de las denuncias que terminaron en juicios orales con Cristina Fernández como principal procesada.
La IGJ ya explicitó que no liberará información sobre el “Patria”.
Volvió el cepo a ese organismo, que ya había impuesto un bloqueo a otros documentos que son públicos. Durante la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, tras el inicio de la causa judicial Ciccone por la que terminó preso Amado Boudou, la IGJ decidió frenar cualquier filtración de datos a los cuales desde el retorno de la democracia siempre se había podido acceder. Esa medida volvió a tomarse cuando Cristina volvió al poder.
El caso de Mena es llamativo, único en su tipo. Mediante la resolución 5/2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, resolvió que ese funcionario tendría “…la facultad para emitir acto denegatorio de información en el marco del primer párrafo del artículo 13 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”.
La Ley 27.754 está titulada como “Derecho de Acceso a la Información Pública”.
El artículo 1 tiene como objeto el de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Se funda en diversos principios. Todos aluden a la transparencia y a la metodología para ponerla en práctica.
La resolución entró en vigencia el 20 de enero del 2020.
La ministra de Justicia es Marcela Losardo, una funcionaria que se ganó el respeto de la mayoría del Poder Judicial desde antes de que sea nombrada en su cargo. Losardo es amiga personal del presidente de la República, Alberto Fernández.
Quien impuso que sea secundada en ese organismo por Juan Martin Mena fue Cristina Fernández, según ratificaron diversas fuentes, tanto oficiales como judiciales, que tienen trato con las autoridades nacionales.
La resolución 5/2020, más que darle poder a Mena, lo expone.
¿Por qué tiene la potestad solo de rechazar los pedidos de acceso a la información pública de su Ministerio?
Es un poder singular: es quien solo emite el llamado “acto denegatorio” sobre esos temas.
Nada más.
Los pedidos de acceso a información del Estado a los que se da curso son controlados por otro funcionario.
Suficiente para Mena. Y Cristina.
Según documentos a los que accedió Clarín, el 2 de febrero pasado, la abogada Martínez presentó ante la IGJ un pedido de acceso a la información pública para conocer “las acciones sumarias impulsadas” por ese organismo sobre el Instituto Patria, una asociación civil.
Buscaba copias de esas medidas que había tomado el organismo,y que constaban en el sistema informático interno del mismo ente. Además, y sobre todo, Martínez pedía también conocer el último balance contable del Instituto de CFK.
Desde 2016, y tras una denuncia de Martínez y Stolbizer, quedó bajo sospecha judicial cómo se financiaba el “Instituto Patria”. La respuesta K fue que un largo listado de socios del “Patria” pagaban 500 pesos al mes para financiarlo.
Nunca se pudo probar ni quiénes eran ni tampoco cuánta plata se recaudó.
El 18 de marzo de este año, Martínez recibió una rechazo a su pedido de acceso a la información pública presentado en la IGJ.
Está firmado por Juan Martín Mena, como le corresponde a sus facultades.
En una resolución que obtuvo este diario, Mena argumentó, entre otras cuestiones, que no existían registros de acciones sumarias de la IGJ sobre la documentación del Instituto K. Y que, además, siempre según lo que le informó la IGJ, la revelación ante le pedido ciudadano de conocer el último balance del Patria pondría en riesgo el derecho a defensa de quienes podrían verse involucrados en una investigación judicial, que también podría afectarse si se conocía lo que no debía conocerse.
Además aseguró que parte de esos documentos estaban bajo la categoría de “reservado”. Como se dijo, el titular de la IGJ, Nissen, fue asesor jurídico de Cristina Fernández.
Las “acciones sumarias” sobre la documentación aludida existieron, según las pruebas que tiene Clarín en su poder, difundidas por la propia IGJ en su web.
La abogada decidió apelar el rechazo del “pretoriano” Mena con un amparo que deberá resolver la Corte Suprema.
Martínez, consultada por Clarín, dijo que el rechazo de Mena va “en contra de jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto”.
Y resumió la situación así: “La negativa de acceso a información que es publica crea una gran desconfianza y se utiliza para encubrir corrupción o arbitrariedad en decisiones que afectan y, frecuentemente, perjudican a los ciudadanos”.
El “Instituto Patria” no llama así en alusión a la Argentina.
PATRIA es la sigla que resume el supuesto espíritu de esta Asociación Civil: “Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Latinoamericana”.
Artículo original publicado por Nicolás Wiñazki en Clarín
Fuente mitre
