Sin anuncios económicos, Alberto Fernández centró su discurso de una hora y veinte minutos de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso en el envío del proyecto de ley de legalización del aborto y un paquete de medidas vinculadas a la reforma judicial, los dos pasajes de su mensaje más celebrados por el Parlamento.
“Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Sé que para muchos es un tema que tiene profundas implicancias personales. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo la hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Por eso, dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, resaltó el Presidente, y despertó la mayor ovación en el recinto.
Con una breve mención a “la situación grave en que está la Argentina”, Fernández evitó la confrontación y los anuncios económicos: solo un breve repaso por la herencia recibida, referencias a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores y el pedido de una investigación para “saber qué pasó y quiénes se beneficiaron” con “la fuga de dólares” de los últimos cuatro años.
Fue el primer aplauso estruendoso del bloque oficial. “Somos un gobierno de científicos, no de CEOS”, chicaneó al rato, al pasar, sin demasiada estridencia.
Otro punto destacado de su discurso estuvo relacionado con el tema de reforma judicial que, según resaltó, ya está terminada y será enviada al Parlamento en los próximos días.
Después anunció el “reordenamiento de la Justicia Federal” y la “creación de un nuevo fuero federal penal”: “Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”, tiró.
Y oficializó “la conformación de un consejo para afianzar la administración de Justicia en la República Argentina”, consultivo del Poder Ejecutivo e integrado por “las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial”.
