El Gobierno tiene la posibilidad de cambiarles la cara a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 sin demasiado esfuerzo: este año se le abre la posibilidad de renovar al menos un tercio de los 12 juzgados federales encargados de investigar las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo y el macrismo; tiene dos vacantes en la Cámara Federal, tribunal clave para que los casos avancen o queden enterrados, además de cinco sillas vacías en los tribunales orales federales encargados de hacer importantes juicios. Entre ellos, los que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos.
A pesar de que esta oxigenación de los tribunales federales parecería suficiente si lo que se quiere es modificar las viejas estructuras, el cambio de jugadores no frenará el proyecto de ley de reforma judicial, que -con rencillas silenciosas, lentitud y bajo perfil- se sigue trabajando en el Ministerio de Justicia y en el despacho de Gustavo Beliz, monitoreado desde el Instituto Patria.
La oportunidad que tiene el Gobierno viene de la mano de las vacantes que provocaron en el fuero federal la salida, a fines del año pasado, del juez Sergio Torres -actualmente en la Suprema Corte bonaerense- y el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio, la semana pasada, y de los dos despachos que eventualmente dejarían Daniel Rafecas -propuesto como procurador general de la Nación- y Rodolfo Canicoba Corral, quien este año cumplirá 75 años, límite legal para seguir en el cargo.
De todos modos, se trata de una eventualidad que depende de que Rafecas obtenga los votos necesarios para que su pliego sea aprobado por el Senado. Por ahora, la oposición de Juntos por el Cambio se manifestó en contra y consensuó que va a haber una postura unificada entre los socios de la coalición.
El radical Mario Negri, que preside el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, sugirió que no apoyaría la designación. Lo mismo hizo Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR. «No veo que en el radicalismo haya una voluntad mayoritaria para apoyar el pliego de Rafecas», dijo el mendocino. En el macrismo el clima es similar.
Sin embargo, las negociaciones están abiertas, porque el oficialismo deberá alcanzar los dos tercios de los senadores presentes para aprobar el pliego de Rafecas. Si estuvieran todos sentados en sus bancas, necesitaría reunir 48 votos. El Frente de Todos tendría entre 41 y 43 votos, por lo que Juntos por el Cambio, con 27 senadores (incluidos aliados), podría bloquear la designación del juez. Sin embargo, alguno puede enfermarse, faltar o negociar su ausencia, lo que facilitaría el nombramiento del candidato del Gobierno.
La vacante del juzgado de Canicoba Corral es igualmente incierta. El juez federal ya dijo que no se irá. No piensa jubilarse ni renunciar cuando cumpla 75 años. El magistrado entiende que no es una cuestión automática, porque lo que establece la Constitución es que a esa edad el Senado puede extender el acuerdo por cinco años más. Cree que no alcanza con una resolución ministerial para sacarlo de su cargo, por lo que promete dar pelea judicial para seguir en el juzgado aun después de haber cumplido 75 años.
De todos modos, es una cuestión de tiempo, pues la Corte ya estableció que ese es el límite legal y rechazó los recursos de los jueces que pretendieron seguir en su cargo más allá de esa edad.
Esta semana fue el turno de César Osiris Lemos, juez de tribunal oral en lo penal económico, que cumplió 75 años. El Gobierno decidió no enviar al Senado un pedido para extender su permanencia, por lo que renunció.
Así las cosas, el Gobierno podría nombrar cuatro jueces federales nuevos. Además, tiene dos vacantes en la Cámara Federal y amenaza con avanzar contra otros dos jueces de ese tribunal, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, designados durante el macrismo mediante un traslado desde sus tribunales orales. El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura agita la idea de que regresen a sus tribunales de origen, pero los camaristas no piensan moverse de sus sillones, máxime cuando cuentan con una resolución de la Corte que avala sus traslados.
Pero la piedra angular de este año judicial en Comodoro Py 2002 no son los jueces federales ni los de la Cámara Federal, que son los primeros escalones de las causas de corrupción, sino los jueces de los tribunales orales federales, los que están a cargo de los juicios orales y públicos por corrupción contra Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Velar por su situación judicial es la preocupación de funcionarios kirchneristas con cargos en el gobierno nacional.
Esta semana, los 30 jueces de los tribunales orales de Comodoro Py 2002 se reunieron con la presidenta de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma. Hablaron de cubrir subrogancias prolongadas. Hay cinco vacantes en los tribunales orales federales y hay tribunales incompletos, lo que hace que deban cubrirse unos a otros y esto demora el inicio de los juicios. Los suplentes, elegidos por sorteo, pueden ser más o menos permeables a las sugerencias del Gobierno. Esperan fecha de inicio los casos Hotesur y Los Sauces, la causa de la firma del memorándum con Irán y la investigación de los cuadernos de las coimas. En los tres juicios, Cristina Kirchner es la principal acusada.
Mientras Comodoro Py oscila entre el reposicionamiento ante el nuevo gobierno y la expectativa ante los cambios anunciados, fuentes del Gobierno dijeron a la nacion que cubrir las vacantes no va a hacer que se deje de lado la reforma judicial, porque el cambio que se plantea no es de nombres, sino estructural.
De este modo, se trabaja en la unificación de fueros, por un lado; en la puesta en marcha temprana del nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que implica el retroceso de los jueces y el protagonismo de los fiscales, y en terminar de «desenchufar» las terminales de la AFI en los tribunales de Comodoro Py. Desterrar a los espías de las causas penales es una de las principales tareas que está llevando Cristina Caamaño al frente el organismo de inteligencia.
El proyecto de reforma judicial se trabaja en el seno del albertismo, aunque el kirchnerismo lo monitorea. Ninguna iniciativa para cambiar la Justicia Federal llegará al Congreso ni prosperará sin tener el visto bueno de Cristina Kirchner.
La vicepresidenta no solo es la protagonista de los principales juicios que se vienen, sino que mientras Alberto Fernández se enfoca en la deuda y en tratar de «poner en marcha» la economía, el kirchnerismo se ocupó de controlar las áreas más sensibles de investigación de jueces, empresarios y exfuncionarios.
La vicepresidenta eligió a quiénes poner al frente de la Oficina Anticorrupción, la AFIP, la AFI, la Unidad de Información Financiera, la Procuración General de la Nación, la IGJ, la Procuración del Tesoro y los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Son las teclas que activan la persecución o la protección judicial de propios y extraños.
Vacantes que generan oportunidades
Jueces federales: 4
Son las posibles vacantes que quedarían al cabo de este año en la primera instancia. Tras la muerte de Bonadio y la designación de Torres en la Corte bonaerense, Rafecas podría convertirse en procurador general de la Nación y Canicoba Corral cumplirá 75 años.
Camaristas federales: 2
La Cámara Federal tiene dos vacantes. Irurzun y su colega Llorens ocupan sus cargos sin cuestionamientos; Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados al tribunal y no piensan irse, pero hay dos cargos sin ocupar sometidos a concurso.
Jueces de Tribunal Oral: 5
Por el fallecimiento de algunos jueces y la renuncia de otros, hay cinco lugares en los tribunales que juzgan la corrupción.
Cargos en juego
Sergio Torres (exjuez federal)
A fines de 2018 renunció para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. Su desembarco no estuvo exento de conflictos, pues fue resistido por el presidente del máximo tribunal provincial. Sin embargo, su pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado provincial y está en funciones. Su cargo en Comodoro Py deberá ser cubierto por concurso, mientras es subrogado por algunos de sus excolegas.
Claudio Bonadio (juez federal)
Murió la semana pasada. No pudo recuperarse de una operación de un tumor cerebral. Antes de pedir licencia había elevado a juicio varias causas por corrupción contra Cristina Kirchner. El cargo que deja vacante deberá ser cubierto por un nuevo concurso. Mientras tanto, su juzgado está en manos de Sebastián Casanello, que cubría la licencia de Bonadio. Mañana se realizará un nuevo sorteo para decidir qué juez se hace cargo de la subrogancia.
Daniel Rafecas (juez federal)
Daniel Rafecas es el candidato del Gobierno para ser procurador general de la Nación. Ahora se abre una etapa de consultas públicas, y el Senado, con el voto de los dos tercios de sus integrantes presentes, deberá avalar su pliego para designarlo. El Gobierno confía en convencer a la oposición para conseguir los votos que necesita, aunque los legisladores de Juntos por el Cambio dijeron que van a analizar una posición unificada. Son críticos.
Rodolfo Canicoba Corral (juez federal)
El juez Canicoba Corral cumplirá 75 años en 2020. Es la edad tope establecida por la Constitución. Si quiere seguir en el cargo, debe lograr que el Gobierno vuelva a enviar su pliego al Senado para que el cuerpo le preste un nuevo acuerdo. Ante la eventualidad de que no consiga que manden su pliego o que no obtenga los votos, el juez no está dispuesto a renunciar. Entiende que tiene margen para dar pelea judicial y permanecer en el cargo más allá de su cumpleaños. Si pierde, habrá otra vacante.
