El Estado nacional asumirá la gestión de cinco corredores viales que fueron administrados de manera «absolutamente deficientes» por las concesiones privadas a las que el gobierno anterior benefició con «$ 18.000 millones en subsidios» durante cuatro años.
Así lo anunció esta tarde el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde precisó que queda efectivo el traspaso a partir de hoy del Corredor Vial Número 3, que estaba en manos de la concesionaria Autovía Buenos Aires a Los Andes.
A su vez agregó que se traspasarán otros cuatro en los próximos cinco meses, que serán administrados por Corredores Viales Sociedad del Estado, a cargo de Gonzalo Atanasoff.
En este orden, el Corredor Vial Número 2, a cargo de Corredor Integración Pampeana, pasará a la órbita estatal a partir del 29 de febrero; mientras que el Número 6, de Caminos del Paraná, el 31 de marzo; el Número 8, que operaba Corredor Central, el 30 de abril, y el Número 4, bajo concesión de Carreteras Centrales de Argentina, a partir del 31 de mayo.
Según confirmaron a Télam, el traspaso incluirá a los más de 1.200 empleados que trabajan en las cinco concesiones que, en el corto y el mediano plazo, pasarán a cumplir funciones dentro de la estructura estatal de la empresa Corredores Viales.
«Estas concesiones tuvieron un costo en subsidios en el 2019 de $ 5.800 millones. En los últimos cuatro años, de $ 18.000 millones. Quiere decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado que es el costo de estos subsidios», afirmó Katopodis, acompañado por Atanasoff y Gustavo Arrieta, el flamante director de Vialidad Nacional.
Explicó que «son corredores donde en general el mantenimiento ha sido deficitario y donde no ha habido ninguna obra importante, como la repavimentación o la mejora de estos caminos y de estas rutas».
En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno es «poner en marcha un modelo que priorice el interés público sobre el privado y que maximice el mantenimiento de las rutas» a partir de la recuperación del «rol del Estado y de Vialidad» como administrador de estos caminos y rutas que habían sido gestionados de manera «absolutamente deficientes» por sus sus concesionarios privados.
También precisó que han sido ordenadas auditorías «en cada una de las áreas» del Ministerio de Obras Públicas, porque la situación heredada del gobierno de Mauricio Macri «es realmente grave», por el «endeudamiento, la parálisis de las obras, el modelo de negocios y la decisión de privatizar y reducir al mínimo la capacidad de regulación del Estado en el control de este tipo de concesiones».
Fuente: Diario21.tv/ Télam
